PROGRAMA Institucional de la Procuraduría Agraria 2025-2030.

DOF: 26/09/2025

PROGRAMA Institucional de la Procuraduría Agraria 2025-2030.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Desarrollo Territorial.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.- Procuraduría Agraria.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA 2025-2030

PROGRAMA INSTITUCIONAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2025-2030

1. Índice
 

Tabla de contenido

1.     Índice

2.     Siglas y acrónimos

3.     Señalamiento del origen de los recursos del Programa

4.     Fundamento normativo

5.     Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo

6.     Objetivos

6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral, con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia cultural y construcción de paz

6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria

6.4 Relevancia del objetivo 4: Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social

6.5 Relevancia del objetivo 5: Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos

6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente

6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030

7.     Estrategias y líneas de acción

8.     Indicadores y metas

2. Siglas y acrónimos
 

BM: Banco Mundial.

CCPEC: Comités de Conciliación y Paz Ejidal y Comunitaria.

CDAA: Centro de Atención Agraria.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (siglas en inglés).

CGOR: Coordinación General de Oficinas de Representación.

CIIA: Centro de Innovación e Información Agraria.

CNNM: Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

CNJAA: Centro Nacional de Justicia Alternativa Agraria.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

DGAOPR: Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural.

DGCSP: Dirección General de Conciliación y Servicios Periciales.

DGJRA: Dirección General Jurídica y de Representación Agraria.

DGOA: Dirección General de Organización Agraria.

DGTIC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación.

FMI: Fondo Monetario Internacional.

JCF: Jóvenes Construyendo el Futuro.

LA: Ley Agraria.

LDBIC: Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones.

LP: Ley de Planeación.

LFEP: Ley Federal de Entidades Paraestatales.

MASC: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

NSJA: Nuevo Sistema Jurídico Agrario.

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PIDESC: Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

PA: Procuraduría Agraria.

PIPA: Programa Institucional de la Procuraduría Agraria.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

RAN: Registro Agrario Nacional.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TA: Tribunales Agrarios.

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

UNDRIP: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (siglas en inglés).

UNDROP: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (siglas en inglés).

3. Señalamiento del origen de los recursos del Programa
 

La totalidad de las acciones que se consideran en el Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus objetivos, estrategias y líneas de acción, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación de dichas acciones, el seguimiento, reporte y rendición de cuentas de las mismas, se realizarán con cargo a los recursos aprobados a los ejecutores de gasto participantes en el Programa, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo.

4. Fundamento normativo
 

El Programa Institucional de la Procuraduría Agraria (PIPA) es un instrumento de dirección y planeación que establece los objetivos, estrategias y líneas de acción de la Institución para el periodo 2025-2030.

Su elaboración se alinea con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal del Gobierno de México.

El Artículo 49 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), señala que estas contarán con un programa institucional, que se elaborará con base en el Artículo 22 de la Ley de Planeación (LP), y que deberá revisarse anualmente.

Asimismo, en el Artículo 17 fracción II de la LP establece que las entidades paraestatales elaborarán sus respectivos programas institucionales; además, en la fracción V del mismo ordenamiento instruye el aseguramiento de la congruencia de estos con el programa sectorial respectivo, y en la fracción VI, señala verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos y prioridades del programa institucional.

Además, el Artículo 27 fracción XIX último párrafo de la CPEUM precisa que la ley establecerá un órgano encargado de la procuración de justicia agraria. En este marco, el Artículo 135 de la Ley Agraria (LA) instituye a la PA funciones de servicio social para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios.

El PND 2025-2030(1), publicado el 15 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece definir la planeación con base en los principios rectores y ejes generales, para transitar hacia "un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y el hábitat, equitativo, orientado a subsanar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas, regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país".

También, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU 2025-2030)(2), publicado el 1 de septiembre de 2025 en el DOF, establece los objetivos prioritarios del sector agrario, de conformidad con los cuales se elabora el presente programa.

Con la reforma constitucional de 2011, en materia de Derechos Humanos, México fortaleció su compromiso con el respeto y garantía de los mismos, al incorporar el principio de observancia de la convencionalidad. Esto implica la integración normativa de los convenios y tratados internacionales suscritos por México y depositados en el Senado de la República.

Los instrumentos internacionales relevantes son: I) La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); II) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), por sus siglas en inglés); III) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); IV) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); V) Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y VI) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, son una referencia para el PIPA, en particular los objetivos 5. "Igualdad de Género"; 10. "Reducción de las Desigualdades" y 16. "Paz, Justicia e Instituciones Sólidas".

Por lo antes expuesto, la PA elabora su Programa Institucional de la Procuraduría Agraria 2025 - 2030, el cual será la guía para el desarrollo de las acciones que le permitan cumplir con las metas y objetivos planteados.

5. Diagnóstico de la situación actual y visión de largo plazo
 

La cuestión agraria en la historia de México

Consciente de la importancia de los ejidos y comunidades agrarias para el desarrollo de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, declaró en el documento "100 Pasos para la Transformación"(3) que lo que suceda en la propiedad social "impacta en el país, en la economía agrícola, el desarrollo rural, el control del territorio, la gestión del agua, las relaciones (y los conflictos) rural-urbanos, etc.".

El 10 de abril de 2024, siendo candidata a la Presidencia de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo firmó, con organizaciones y movimientos campesinos, indígenas y afromexicanos, el Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana(4). Destaca lo establecido en el punto 10 que a la letra dice:

DÉCIMO. Promoveremos el fortalecimiento de la propiedad social, que cubre la mitad del territorio nacional. Para ello, se van a modernizar las instituciones y dependencias del sector agrario (Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal); promoveremos la solución justa e integral a los conflictos agrarios añejos y recientes para asegurar la paz y la gobernabilidad en el campo; pondremos fin al rezago agrario mediante la acción coordinada de las instituciones del sector y las representaciones de los núcleos agrarios; delimitaremos los territorios donde se localizan recursos naturales, arqueológicos e históricos, así como las áreas naturales protegidas y tierras de alto rendimiento agropecuario, y; respaldaremos con las políticas públicas ya mencionadas a ejidos y comunidades como actores del desarrollo económico, social, ambiental y cultural.

Lo anterior demuestra que, para el Gobierno de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el tema agrario es un asunto de atención prioritaria.

Estas declaraciones coinciden con el Licenciado en Derecho Juan Manuel Lona Amaro, quien afirmó en su tesis profesional que "La Historia de una Nación es fundamentalmente, la historia de su propiedad rural" y en tales condiciones la "Tenencia de la Tierra, ocupa un lugar destacado como factor económico y social que influye profundamente en la agricultura y en el desarrollo histórico de todos los países del mundo"(5).

Con base en lo anterior, se considera relevante repasar, de manera general, el papel histórico del sector agrario en México. A lo largo de los años, cada cambio político y social está intrínsecamente ligado a la tierra: su tenencia, la desigualdad en su reparto y su acaparamiento en manos de unos cuantos.

Periodo colonial (1521 - 1810)

La historia de México es producto de la lucha y resistencia de sus pueblos indígenas por mantener sus derechos ancestrales a la vida, a su cultura y a su territorio. Es la defensa de su derecho a vivir de acuerdo con sus creencias y sus sueños, guiados por su cosmovisión, sus interacciones y convivencia entre los pueblos. Es la continuidad armónica con la naturaleza y con otros pueblos, basada en la riqueza de sus posibilidades culturales.

La toma de la Gran Tenochtitlán significó un cambio radical en las formas de organización de la producción agraria, así como en la propiedad de tierras, montes y aguas. La derrota de la Triple Alianza, que había dominado la región con su sistema tributario y de señoríos, las instituciones y los conjuntos de derechos y normas de los pueblos vencidos, fueron transformados o eliminados en beneficio de la Corona Española y de los colonizadores.

Miguel León Portilla reconoce que en el periodo posclásico tardío (1325 - 1521) se podría estimar la población en el área central mesoamericana en 3 o 4 millones, aunque otros autores calculaban hasta en 20 millones de habitantes(6) el área central conformada por los territorios actuales de México.

La organización de la producción agraria y propiedad de la tierra se sustentaba en los calpullis o barrios. La economía estaba fundamentalmente basada en la producción agrícola, la conquista militar con la imposición de tributos y el control del comercio. Los señoríos controlaban sus territorios mediante un sistema que funcionaba como ciudad-estado con sus propias normas y gobernantes (tlatoanis), quienes regían sobre las tierras, montes y aguas para uso comunitario y producción agrícola.

La caída de Tenochtitlán significó una grave amenaza para ese sistema de organización de la producción. La tierra de las comunidades estaba destinada al reparto entre los conquistadores y otros representantes de la Corona Española, para instaurar un nuevo régimen de tenencia de la tierra, basado primordialmente en la nueva categoría de la propiedad privada.

El Rey de España entregaba las tierras en concordancia con el sistema de propiedad de la Europa feudal, con nuevos patrones y sustituyendo las formas colectivas indígenas por la propiedad individual, en beneficio de los hacendados y a representantes de la iglesia.

Con el establecimiento del dominio español en Mesoamérica, comenzó la etapa de acumulación capitalista en la Nueva España, la cual se expresó en la desposesión violenta de tierras, aguas y bosques, así como en el saqueo de metales preciosos como el oro y la plata.

Los pueblos indígenas y campesinos fueron sometidos a sistemas de trabajos forzados, en sistemas tales como las encomiendas, que generaron grandes beneficios para la Corona y los colonizadores. Además, se les impusieron nuevas leyes, quedando desposeídos de los medios necesarios para producir sus alimentos por sí y para sí mismos.

El proceso de expolio, dominio y destrucción de los pueblos indígenas en manos de los europeos, para hacerse del control de la población y de los recursos de los territorios, derivó en diversas rebeliones de resistencia por parte de dichos pueblos indígenas; entre las más importantes se mencionan las siguientes:

·   La Guerra del Mixtón (1540 a 1542), en Nueva Galicia (actuales estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes).

·   Rebelión de los Tepehuanes (1616-1620): en lo que ahora es el Estado de Durango.

·   La Rebelión de los Pericúes (1734-1737), aconteció en el sur de la Península de Baja California.

·   La Rebelión Maya de Cisteil (1761) Ubicada en Cisteil y localidades cercanas de la Península de Yucatán.

·   La Guerra de los pueblos Yaquis y Mayos, (Siglos XVII - XVIII), desarrollada en Sonora y Sinaloa.

Estas rebeliones demuestran que la "paz colonial" fue un mito y que el dominio español se mantuvo en constante desafío por la resistencia de los pueblos originarios.

Periodo de Independencia (1810 - 1821) - Primera Transformación(7)

La Independencia de México inició la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores, y culminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

La Ilustración y la Revolución Francesa fueron acontecimientos externos relevantes para el proceso de Independencia, pero la causa fundamental de este fueron las condiciones internas de desigualdad, explotación y miseria en la mayoría de la población.

El movimiento armado de la Independencia fue iniciado por los criollos, entre otros, Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, pero destaca la participación de miles de personas de los estratos sociales más bajos. Particularmente las y los campesinos e indígenas luchaban contra la esclavitud, la explotación, la desigualdad, la discriminación y el despojo de sus tierras durante el Virreinato.

El papel del cura Miguel Hidalgo fue determinante, le imprimió un carácter social a la guerra independentista, mediante decretos que abolieron la esclavitud y devolvieron las tierras a los pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, fundó el periódico El despertador americano, que sirvió como medio de difusión de las ideas independentistas.

El discurso de Hidalgo, aunque enfocado en la propiedad y la seguridad de las personas, reflejó la preocupación para que les regresaran las tierras a las comunidades indígenas y campesinas, que les fueron despojadas precisamente durante el periodo colonial.

Tras la muerte de los principales caudillos que iniciaron la Independencia, el liderazgo del movimiento lo tomó José María Morelos y Pavón, que trasmitió el carácter político al movimiento; organizó un Congreso Constituyente y promulgó la Constitución de Apatzingán (1814) que si bien, se orientó en la organización del Estado independiente y los derechos civiles, defendía el derecho a la propiedad y respeto a las comunidades.

Previamente, en 1813, Morelos presentó el discurso "Sentimientos de la Nación" en el que plasmó su ideario político y propuso el respeto a las propiedades y el cuidado de la tierra.

En concreto, Morelos abordó indirectamente la cuestión agraria en los dos documentos antes citados, pero sentó las bases para la protección del campesinado y de la tierra en México, al proponer la abolición de la esclavitud, la eliminación de tributos e imposiciones, la mejora de las condiciones de los pobres mediante el aumento del jornal y la moderación de la opulencia, lo que podría interpretarse como una mejor distribución de la riqueza derivada de la tierra.

Consumada la Independencia, el tema agrario se tornó complejo. Como lo señaló Miguel León-Portilla en el documento Independencia, Reforma, Revolución, ¿y los indios qué?(8): ...consumada la Independencia y establecida la República, los indígenas fueron perdiendo los derechos en que se fundaba su personalidad jurídica. Al hacerse a un lado las distinciones étnicas, poco a poco fueron desapareciendo las antiguas Repúblicas de indios. La imposibilidad de esgrimir derechos que les reconocían las leyes de Indias trajo consigo nuevas formas de marginación. La propiedad comunal de las tierras, las formas de gobierno indígena, la salvaguarda de sus lenguas y de sus usos y costumbres quedaron en grave peligro de desaparecer... Los pueblos indígenas, cuya existencia perturbada con las disposiciones igualitarias pudieron percatarse de que la obtención de la Independencia lejos de mejorar sus condiciones de vida había dado entrada a mayores problemas.

La propiedad de la tierra se concentró en pocas manos, principalmente en personas criollas y en el clero. Los pueblos indígenas y campesinos habían sido despojados de sus tierras tradicionales, por lo que se vieron obligados a luchar por sus derechos territoriales, enfrentándose a la creciente presión por la propiedad privada, en la forma de latifundio y el naciente sistema de haciendas.

La concentración de la tierra y la falta de acceso a la misma generaron más desigualdad social y económica, así como conflictos por el uso de la tierra lo que, a su vez, generó inestabilidad social y bajo o nulo desarrollo económico de una gran parte de la población, entre otra, las comunidades indígenas y campesinas.

En resumen, después de la Independencia las grandes haciendas agrícolas y ganaderas estaban en manos del clero, de los jefes militares y de la burocracia, que concentraban las tierras más productivas. Por otro lado, se facilitó el despojo de tierras a las comunidades indígenas, aunque tenían el derecho de poseer tierras comunales, entre ellas el fundo legal, en pequeñas proporciones para producción de subsistencia.

Guillermo Bonfil señaló que el surgimiento y la consolidación de México como un Estado independiente... no produjo ningún proyecto diferente, nada que se aparte de su intención última de llevar al país por los senderos del occidente. Las luchas entre conservadores y liberales sólo expresan concepciones distintas de cómo alcanzar esa meta, pero en ningún momento la cuestionan. Al definir la nueva nación mexicana se le concibe culturalmente homogénea, porque en el espíritu (europeo) de la época domina la convicción de que un Estado es la expresión de un pueblo que tiene la misma cultura y la misma lengua, como producto de una historia común.(9)

El despojo de tierras se agravó con la intervención del imperio expansionista de Estados Unidos que, con el consentimiento de la naciente oligarquía mexicana, entre ellos Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, culminó en febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, a través del cual México cedió casi la mitad de su territorio, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de Colorado, Nevada y Utah, a Estados Unidos(10).

El descontento generalizado contra el gobierno autoritario y corrupto de Antonio López de Santa Anna se agudizó, lo que motivó el Plan de Ayutla en 1854.

Dicho Plan representó un punto de inflexión en el México Independiente, toda vez que provocó, no solo el derrocamiento de Santa Anna en agosto de 1855, sino que propició un cambio estructural en la política nacional, impulsando la era liberal y preparando el camino para la Reforma en México.

Periodo de La Reforma Liberal (1855 - 1863) - Segunda Transformación(11)

La Reforma fue fundamental para que los juaristas impusieran sus ideales -modernidad y secularización, igualdad ante la ley y el libre mercado-, para lo cual desamortizaron propiedades. En cambio, para los conservadores, esta significó el fin de los privilegios de la Iglesia católica, la pérdida de sus grandes propiedades y de tierras, y la disolución del orden social conservador.

La Reforma Liberal se considera un periodo histórico determinante para México; en el que se lograron avances como la ratificación de la independencia nacional, la defensa de la República frente a las invasiones extranjeras y el impulso de un Estado moderno y soberano. En este proceso se estableció la separación de la Iglesia y el Estado, y se instituyó una ciudadanía con derechos y libertades individuales. Sin embargo, este mismo periodo sentó las bases para la exclusión y el despojo masivo de las tierras de los pueblos indígenas y campesinos.

No obstante, la defensa de una supuesta igualdad entre los ciudadanos, junto con la propiedad privada como base de la ciudadanía y el progreso, promovido por las reformas liberales, sirvió de argumento para negar la existencia de una nación multicultural y, en consecuencia, se negaban los derechos a los pueblos indígenas y campesinos.

En este marco, la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones (Ley Lerdo), expedida por los reformistas el 25 de junio de 1856, no solamente permitió la nacionalización y privatización de las tierras en manos de la Iglesia, sino que también impactó a las corporaciones civiles; esto es, a los pueblos indígenas y su régimen de propiedad comunal de las tierras.

Las reformas contenidas en la Constitución liberal de 1857 fueron aún más profundas, ya que suprimieron por completo la figura de la propiedad comunal de la tierra. Como lo expresó Miguel León-Portilla(12), con dicha Constitución: Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá la capacidad legal, para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

De acuerdo con el pensamiento de los constituyentes liberales, señaló León-Portilla(13),... la supresión de la propiedad comunal debía resultar en beneficio de los pueblos indígenas... Si ya antes los pueblos indígenas se habían esfumado como tales, en aras de una pretendida homologación jurídica, es decir, de la igualdad, con la Constitución de 1857 se dio otro paso para hacerlos desaparecer en la realidad misma, social y territorial. Se pensó que, suprimiendo la propiedad comunal, considerada como una de las causas del atraso de los indios, se lograría su participación plena en el contexto del proyecto nacional concebido para México, como país de cultura europea en el que las antiguas etnias debían ser asimiladas.

Los pueblos indígenas fueron ignorados nuevamente en la Constitución Política del México liberal, no así en los documentos previos a los textos constitucionales, donde eran convocados a la revuelta y la insurrección, aunque nunca se cumplía con lo prometido. Como lo señaló Francisco López Bárcenas(14): Así, debemos reconocer que la cuestión de los derechos indígenas y su reconocimiento en las constituciones mexicanas no es un asunto de ahora, sino bastante añejo. Está unido a las luchas independentistas de la población de la Nueva España por separarse de la corona española y formar un nuevo Estado, pasando por los "periodos de anarquía" y la consolidación del "nuevo orden", luchas en las que los pueblos indígenas aportaron una gran cuota de sangre, pero cuando se diseñó el modelo de organización política que prevalecería en el país fueron ignorados por completo por el grupo social dominante que asumió el poder.

En conclusión, como lo asentó Gloria Pedrero Nieto, respecto de la Reforma Liberal: Los que ganaron en este proceso fueron, como particulares, algunos liberales y uno que otro conservador, quienes se adueñaron de las propiedades y los capitales en la mayoría de los casos por debajo de su valor. En consecuencia, los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas cambiaron de dueños"(15).

Con la dictadura de Porfirio Díaz -periodo conocido como porfiriato (1877 a 1910)- la exclusión, el despojo y el sometimiento de la población indígena llegó a los extremos del genocidio, la aniquilación de la propiedad comunal y el restablecimiento de la esclavitud campesina.

Para estimular la economía, durante el porfiriato se emitieron diversas leyes y decretos para colonizar y facilitar la apropiación de grandes extensiones de terrenos "baldíos" en pocas manos. Entre los más importantes destacan el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883 y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894.

Dichos ordenamientos, permitieron acelerar la concentración de la tierra y la consolidación de las haciendas, lo que profundizó el despojo de las tierras a las comunidades indígenas y campesinas.

En conclusión, la Independencia, la Reforma y el porfiriato representaron un siglo más de devastación, despojo y exclusión de los pueblos indígenas y de los campesinos.

Periodo de la Revolución Mexicana (1910-1917) - Tercera Transformación)(16)

La Revolución Mexicana tuvo entre sus principales causas el acaparamiento de tierras y territorios de las comunidades indígenas y campesinas, la creación de latifundios y el sistema de haciendas, condiciones que sometieron a dichas comunidades a un régimen de cuasi esclavitud.

En la Reforma liberal y, sobre todo, en la dictadura porfirista se les despojó a las comunidades indígenas casi 50 millones de hectáreas, por lo que en 1910 la estructura agraria era la siguiente: 5,910 haciendas poseían el 94% de la tierra, 32,500 rancheros eran propietarios del 5% y el 1% restante correspondía a campesinos e indígenas.

Resultado de la lucha campesina e indígena, encabezada por Emiliano Zapata y formalizada mediante la firma del Plan de Ayala, se enarboló la demanda de justicia agraria, exigiendo la restitución de tierras a la población campesina y comunidades indígenas, así como el reparto de las haciendas. Estas demandas quedaron establecidas en la Ley Agraria de 1915.

Como resultado de la Revolución se estableció el Pacto Social Estado - Campesino para cumplir con el postulado zapatista de "tierra y libertad", materializado con la promulgación de la Constitución de 1917; en el Artículo 27 se pone fin a los latifundios y se estipula la restitución de tierras y aguas, así como el reparto de las haciendas, en un acto de justicia a personas campesinas en condiciones de servidumbre y de pobreza.

La Revolución Mexicana fue un hito para la cuestión agraria. En este periodo se conquistó la primera revalorización campesina en la historia de México, conocida como "la primavera campesindia" (1915 a 1982)(17).

No obstante, la derrota estratégica de las y los campesinos e indígenas, el impulso de la revolución campesindias obligó a las fuerzas constitucionalistas-carrancistas a establecer en dicho Pacto Social, una política de Estado de reparto agrario e inversión productiva para el desarrollo del nuevo agrocampesino.

Con ese Pacto Social, los campesindios fueron valorizados por primera vez en la historia de México como sujetos de derecho (al agua, al territorio, a la educación), así como sujetos productivos y portadores de identidad y de valores nacionales. Este logro no fue exclusivo de la Revolución; gran influencia significaron los recurrentes alzamientos campesinos e indígenas por todo el territorio nacional y la profundización del Estado con los campesinos durante el Cardenismo (1934 - 1940)(18).

Durante el Cardenismo se registró un auge importante (hasta entonces el mayor) en la restitución y dotación de tierras a las comunidades indígenas y campesinas: se distribuyeron 18 millones de hectáreas y se creó un gran número de ejidos colectivos, lo que representó un cambio estructural profundo en la tenencia de la tierra en México. Fue un intento genuino y crucial para saldar la deuda histórica con el campesinado.

El proceso de restitución no se detuvo con Cárdenas, continuó en las décadas siguientes, de 1940 a 1988. De esta manera, entre 1918 y 1988 se restituyeron y repartieron a comunidades indígenas y campesinas 106 millones de hectáreas, 53% del territorio nacional(19). En dicho periodo, se consolidaron los ejidos y comunidades agrarias que hoy suman aproximadamente 32,200, que constituyen la propiedad social de la tierra en México, reflejando el compromiso posrevolucionario con la justicia agraria.

Sin embargo, la primavera campesindia se fue debilitando por la creciente pérdida de autonomía de las organizaciones y los movimientos agrarios, que fueron integrados de manera corporativa al Estado a través de la Confederación Nacional Campesina. Con la llegada al poder de Manuel Ávila Camacho (1940 - 1946) y Miguel Alemán (1946 - 1952) se intentó revertir el reparto agrario con la expedición de los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, así como el establecimiento de una política de fomento productivo que privilegió al sector de grandes agricultores del norte y noroeste del país, en detrimento del sector campesino(20).

Entre tanto, la lucha por la tierra no encontró descanso y mantuvo sus reclamos de acceso a ella, con base en el lema zapatista: "La Tierra es para quien la trabaja". Así, el gobierno mexicano puso en marcha, entre 1964 y 1982, una nueva etapa de dotación y restitución agraria.

No obstante, durante la primavera campesindia, gracias al reparto agrario, a las políticas de fomento productivo y a los precios de garantía favorable, se sentaron las bases de profundas transformaciones en el sector rural. Esto permitió establecer un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, en el que el sector agropecuario fue el impulsor de otros sectores. De esta manera, los pequeños y medianos productores de México fueron capaces de generar los alimentos suficientes para abastecer al pueblo de México a precios accesibles.

A manera de ejemplo se menciona que, en el periodo de 1946 a 1966, la población creció a una tasa promedio anual de 3.3%, mientras que la agricultura lo hizo a una tasa promedio de 6.1%, dando lugar al llamado milagro mexicano(21).

Periodo neoliberal (1982 - 2018)

En el marco de la expansión global de las políticas neoliberales impulsadas por el capital transnacional y los organismos internacionales, México reorientó su modelo económico y rompió con el Pacto Social posrevolucionario Estado - Campesino. Las comunidades indígenas y campesinas volvieron a ser excluidas del proyecto nacional y fueron catalogadas como población "redundante"(22). En este periodo, se creó una falsa imagen del campesinado mexicano, clasificándolo como "pobre", "improductivo", "atrasado" y "premoderno". Asimismo, se les despojó de su condición intrínseca como sujetos productivos y de su papel histórico en la construcción del México contemporáneo.

Lo anterior, fue la base fundamental para imponer el neoliberalismo en el sector agroalimentario, avalado "científica" y "técnicamente" por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en complicidad con los gobiernos en turno(23).

Los ideólogos de los gobiernos neoliberales, fueron aún más lejos: decretaron la no existencia y la condición de población redundante y, por lo tanto, desechables, del campesinado mexicano(24).

Boaventura De Sousa Santos(25) afirmó con una de sus lógicas de producción de no existencia: [ésta] es producida bajo la forma de una inferioridad insuperable, en tanto que natural quien es inferior lo es porque es insuperablemente inferior, y por consiguiente, no puede constituir una alternativa creíble frente a quien es superior.

Asimismo, Guillermo Bonfil Batalla(26) estableció que: Una característica sustantiva de toda sociedad colonial es que el grupo invasor, que pertenece a una cultura distinta de la de los pueblos sobre los que ejerce su dominio, afirma ideológicamente su superioridad inmanente en todos los órdenes de la vida y, en consecuencia, niega y excluye la cultura del colonizado ... Así, los diversos proyectos nacionales conforme a los cuales se ha pretendido organizar a la sociedad mexicana en los distintos periodos de su historia independiente, han sido en todos los casos proyectos encuadrados exclusivamente en el marco de la civilización occidental, en los que la realidad del México profundo no tiene cabida y es contemplada únicamente como símbolo del atraso y el obstáculo a vencer.

Con el neoliberalismo, impulsado por el capital transnacional y los intereses hegemónicos de Estados Unidos, se abandonó nuevamente a las y los pequeños y medianos productores, conformados principalmente por comunidades indígenas y campesinas. Esto derivó en la postración productiva del campo mexicano y provocó una crisis generalizada en el sector agrario.

Esta crisis se agudizó con el transcurrir de los años del modelo neoliberal, caracterizado por la reducción del apoyo estatal, la apertura comercial y la disminución de los subsidios a la agricultura para las y los pequeños y medianos productores.

La priorización de la producción a gran escala y la competencia con productos extranjeros más baratos (dumping) desmantelaron gradualmente las capacidades de los pequeños agricultores para subsistir y competir. Esto provocó un aumento en la importación de alimentos básicos, una migración masiva del campo a las ciudades y al extranjero, y una creciente dependencia alimentaria. El campo mexicano, que alguna vez fue el motor del milagro mexicano, se transformó en un reflejo de las desigualdades económicas y sociales, con vastas extensiones de tierra improductivas o subutilizadas, y una población rural extremadamente empobrecida.

Los gobiernos neoliberales determinaron la invisibilidad de la agricultura campesina y consideraron a las y los campesinos e indígenas como pobres; elevaron a política de Estado su exclusión y migración a los sectores "dinámicos", en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Es durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) que se emprendió la mayor ofensiva contra las y los campesinos e indígenas desde el porfiriato: contrarreforma del artículo 27 Constitucional, el TLCAN, el desmantelamiento de las instituciones y de programas para el campo, el cambio de campesinos e indígenas como sujetos productivos a pobres y población redundante.

En este periodo, los grandes agricultores fueron reconocidos como los únicos capaces de ser competitivos en el marco de la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá, por lo que la inversión pública productiva, los subsidios, el crédito y los apoyos a la comercialización se concentraron en ellos.

La contrarreforma del Artículo 27 constitucional, en su parte agraria, puso fin a la redistribución de la propiedad social de la tierra y creó las condiciones legales para su privatización y mercantilización. Con ello, se afectó la justicia agraria y los derechos de la población campesina y de las comunidades indígenas.

En este sentido, los sujetos agrarios(27) enfrentan dificultades para el acceso efectivo a sus derechos. La causa central del problema público radica en el marco jurídico agrario neoliberal, prevaleciente desde la reforma constitucional de 1992, que además de frenar el reparto agrario, facilitó el despojo, la concentración y el deterioro de los recursos naturales en la propiedad social de la tierra. Sus efectos han sido múltiples y negativos para los núcleos agrarios: ingobernabilidad, persistencia y surgimiento de nuevos conflictos agrarios; limitado desarrollo social, económico y ambiental; violencia, deficiente ordenamiento agrario y territorial, así como el deterioro de la vida comunitaria y de la cohesión social.

El vacío dejado por el Estado fue ocupado gradual y progresivamente por los poderes facticos, destacando el crimen organizado.

Durante su discurso justificativo, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari afirmaba que la reforma constitucional de 1992 "protege al ejido". No obstante, lo privatiza de facto, al permitir el dominio pleno y su venta en el mercado. La enuncia como una "propuesta democrática", pero fue redactada desde el Ejecutivo sin consulta efectiva a los pueblos y ejidos.

Asimismo, el discurso oficial oculta que esta reforma facilita la concentración de tierras y abre la puerta al despojo legalizado, particularmente en zonas de alto valor agropecuario, turístico, energético, minero e inmobiliario.

Además, dicha reforma (contrarreforma)... fue sin duda el más radical de los cambios que ha sufrido el artículo 27..., al darse por terminado el reparto agrario y modificarse las características de la propiedad social..., reforzando el sentido general de la propiedad privada. Este espíritu privatizador... abrió la posibilidad de rentar, vender o hipotecar las tierras de los núcleos agrarios; así como el derecho de asociarse y de construir sociedades mercantiles... y adquirir el dominio pleno(28).

La ofensiva contra la propiedad social de la tierra continuó con los gobiernos posteriores al de Salinas de Gortari. Particularmente, en 2012 con la aprobación de las llamadas reformas estructurales (laboral, educativa, telecomunicaciones, financiera, fiscal, política y energética), se consolidó la mayor arremetida del capital transnacional en México, orientada al control de los recursos energéticos minerales, hidráulicos y agroalimentarios, entre otros.

Destaca la reforma en materia de energía, que reduce la renta petrolera y entrega los hidrocarburos de la nación al capital transnacional.

También se aprobó la Ley Peña de desamortización de tierras campesinas que reproduce, bajo nuevas formas, el despojo de los recursos de la nación y de las comunidades campesindias emprendidas en el porfiriato. Dicha reforma, establece que las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, incluida toda la industria de hidrocarburos, son actividades estratégicas y de interés social y orden público y, por tanto, tienen prioridad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el suelo y subsuelo del territorio nacional.

En este marco, las comunidades campesinas e indígenas emprendieron una férrea resistencia contra la ofensiva privatizadora y contra expropiaciones ilegales, así como asambleas fraudulentas para legitimar el dominio pleno, concesiones mineras abusivas, así como permisos para megaproyectos, que afectan directamente a la propiedad social.

El movimiento de San Salvador Atenco, en el Estado de México, es un ejemplo emblemático de resistencia frente a la ofensiva privatizadora que buscaba imponer la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en consecuencia, el despojo de tierras ejidales. De igual forma, destaca la iniciativa de la Campaña Sin Maíz No hay País, junto con diversos movimientos del campo y de la ciudad, que han levantado la voz en favor de la defensa de la tierra, el maíz nativo, el trabajo, la vida y el agua(29).

Periodo de la Cuarta Transformación (2018 - actualidad)

Es por ello que, a partir de 2018, con el voto popular que dio el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, inició la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Su premisa fundamental es poner fin al neoliberalismo, bajo principios del Humanismo Mexicano, que antepone lo siguiente:

·   Por el bien de todos, primero los pobres.

·   No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

·   No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.

·   Prosperidad compartida.

·   Gobernar con el pueblo.

·   Cuidado al medio ambiente.

·   Igualdad sustantiva.

·   Soberanía nacional.

·   Estado de bienestar.

Es en la primera etapa de la transformación (primer piso de la Cuarta Transformación) que se lograron avances importantes para el impulso al campo mexicano. Un logro relevante fue la puesta en marcha de los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ejercicios de planeación construidos con la autorización de los gobiernos tradicionales, mediante sus propias formas de gobierno y mecanismos de toma de decisiones.

Otro logro fue la instrumentación de apoyos productivos directos a los campesinos, a través de programas que fueron elevados a rango constitucional, como:

·   Sembrando Vida.

·   Producción para el Bienestar.

·   Fertilizantes para el Bienestar.

·   Bienpesca.

·   Precios de Garantía.

Hoy, el reto es profundizar y fortalecer las acciones de la Política Agraria, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, liderado por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con el compromiso de garantizar la justicia agraria y el desarrollo socioeconómico, productivo y ambiental, a las personas que habitan los núcleos agrarios del país.

La Política Agraria en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación

La propiedad social de la tierra en México tiene gran importancia para el desarrollo del país. De acuerdo con datos del RAN a diciembre de 2024, asciende a 99.6 millones de hectáreas, equivalente al 51% de la superficie total del país. Está conformada por 32 mil 261 núcleos agrarios: 29 mil 836 ejidos y 2 mil 425 comunidades agrarias. En ella viven 5 millones 478 mil 565 personas con calidad agraria de ejidatarias (63.9%), comuneras, (19.9%), posesionarias (12.2%) y avecindadas (4.0%) (Gráfica 1).

Gráfica 1. Personas Sujetas Agrarias por calidad agraria.
 

Fuente: Elaborado con datos del RAN, 2024.

Es por ello que, como se mencionó anteriormente, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, señaló que lo que suceda en la propiedad social "impacta en el país, en la economía agrícola, el desarrollo rural, el control del territorio, la gestión del agua, las relaciones (y los conflictos) rural-urbanos, etc."(30).

En este sentido, la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación propone un pacto histórico Estado - Campesinos, basado en la justicia, los derechos, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad. Por ello, es indispensable revertir los efectos negativos del marco jurídico agrario neoliberal que permita rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y a las comunidades agrarias, y transformarlos en polos de desarrollo socioeconómico, productivo y ambiental, con base en el ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática y eficiente, con un enfoque de equidad de género, relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de paz.

Es preciso mencionar que, en la LA, a la PA, se le asignan funciones de servicio social y el encargo de la defensa de los derechos de las personas ejidatarias, comuneras, sucesoras de ejidatarias o comuneras, así como de ejidos, comunidades, pequeñas propietarias, personas avecindadas y jornaleras agrícolas. Además, en cumplimiento a su carácter de Ombudsman(31), la PA realiza acciones de procuración de justicia para garantizar el ejercicio de los derechos agrarios de los sujetos agrarios.

Por ello es imprescindible que los sujetos agrarios encuentren facilidades para el acceso efectivo a sus derechos agrarios, para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa.

En alineación a lo anterior, en la Nueva Procuraduría Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se definieron acciones estratégicas para, precisamente, facilitar a los sujetos agrarios, en lo colectivo y en lo individual, el acceso efectivo a sus derechos agrarios, algunas de las cuales se mencionan a continuación:

a)    Establecer la política agraria del segundo piso de la cuarta transformación en los documentos de planeación nacional, enfáticamente en el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de manera destacada en el presente documento.

b)    Establecer la estrategia general de supervisión, evaluación y seguimiento de los servicios que otorga la Procuraduría Agraria.

c)     Construir una PA de territorio y no de escritorio, mediante el establecimiento de 1,000 Centros de Atención Agraria (CDAA), para acercarles a los núcleos agrarios, los servicios que brinda la propia Institución, principalmente.

d)    Transformar a las y los visitadores agrarios en organizadoras y organizadores agrarios para acompañar y facilitar la reactivación de la vida orgánica de los núcleos agrarios, y promover su desarrollo integral y autogestivo.

e)    Establecer la Estrategia de Fortalecimiento de la Organización Interna y Económica de los Núcleos Agrarios.

f)     Dar atención puntual a Prioridades Presidenciales:

o    Priorizar acciones para el apoyo a mujeres, para dar cumplimiento al Compromiso 53. "150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios"(32).

o    Dar seguimiento a los planes de justicia de pueblos indígenas y afromexicanos en el tema de tierra y territorio.

o    Establecer la estrategia de resolución de conflictos agrarios considerados como focos rojos.

o    Liberar derechos de vía en propiedad social para contribuir al cumplimiento del Compromiso 79. "Construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes para pasajeros"(33).

g)    Establecer un Nuevo Sistema Jurídico Agrario (NSJA) que permita mejorar sustantivamente los servicios de procuración de justicia y representación legal a favor de los sujetos agrarios.

h)    Promover un Sistema Nacional de Justicia Alternativa Agraria que articule las tareas del sector agrario y de los Tribunales Agrarios (TA), para incrementar la solución de conflictos agrarios por la vía conciliatoria.

i)     Establecer el Programa Integral de Prevención y Combate a la Corrupción en la Procuraduría Agraria.

j)     Promover la difusión de información del sector y la educación agraria.

k)     Organizar eventos relacionados con el sector agrario (conferencias, foros, encuentros, etc.).

l)     Llevar a cabo un proceso fuerte de simplificación y digitalización de trámites y servicios, para brindar una atención más ágil y expedita a los sujetos agrarios.

m)    Reforzar la identidad institucional.

n)    Implementar un modelo de gestión presupuestaria.

o)    Establecer el nuevo sistema de control de gestión de la PA.

p)    Capacitar y formar personas jóvenes de los ejidos y comunidades agrarias que contribuirán a fortalecer la organización autogestiva de núcleos agrarios en contribución con el Programa JCF.

Como se deriva de lo anterior, la Nueva Procuraduría Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación contempla acciones para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente, pero también establece mecanismos para erradicar la corrupción, la impunidad y el acoso.

El centro de la acción de la PA será la recuperación de la credibilidad institucional, con el establecimiento de una política de cero corrupción y cero impunidad.

Es de destacar la disminución del presupuesto al Programa Presupuestario E001 "Procuración de Justicia Agraria" que, en los últimos 11 años, ha decrecido a casi la mitad en términos reales (Gráfica 2), y es con lo que opera la PA hasta el ejercicio fiscal 2025(34).

Gráfica 2. Presupuesto del Programa Presupuestario E001 Procuración de Justicia Agraria en términos reales (año base 2018=100).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Presupuesto de Egresos de la Federación del periodo 2015 - 2025.

Por ello, en el marco de la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se plantea fortalecer el trabajo coordinado con las instituciones relacionadas con el sector, para potenciar las capacidades y atender de manera integral a los sujetos agrarios.

La Política Agraria se construye en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y contribuye a la consolidación del modelo de desarrollo basado en el Humanismo Mexicano, al promover el bienestar y la justicia de los sujetos agrarios, la protección de los recursos naturales, y el desarrollo integral y autogestivo de los ejidos y comunidades, entre otras acciones. Se diseña tomando como base la planeación democrática establecida en la CPEUM.

En este marco, se destaca el Foro de Consulta denominado: "Los ejidos y las comunidades agrarias en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación - Rescate, defensa, revalorización, el control y la evaluación del plan y los programas", realizado en la Ciudad de México, el 13 de enero de 2025.

El foro se desarrolló con el establecimiento de cuatro mesas de trabajo, mismas que se detallan a continuación:

·   Mesa 1.- El papel de los ejidos y comunidades agrarias en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

·   Mesa 2.- Desarrollo socio-productivo-ambiental y ordenamiento territorial participativo.

·   Mesa 3.- Defensa de la tierra, agua y patrimonios bioculturales de ejidos y las comunidades agrarias.

·   Mesa 4. Transformación institucional, reforma del marco legal, armonización normativa y justicia agraria.

En dicho foro participaron más de 1,850 personas de los sectores público, social, académico, entre otros. Destacan las personas participantes de ejidos y comunidades agrarias.

Se recibieron 450 propuestas distribuidas en las cuatro mesas de trabajo que respaldan las acciones de la PA con visión de futuro particularmente las establecidas en el presente documento.

Por otro lado, el PIPA se alinea al PSEDATU 2025 - 2030(35) y al PND 2025 - 2030(36), prácticamente a todos los ejes generales y transversales, de manera más directa a las siguientes repúblicas y compromisos:

a)    República democrática, justa, honesta, libre, participativa y responsable

o    2. Gobierno sustentado en Humanismo Mexicano.

o    3. Gobierno sensible y cercano a la gente.

o    12. Gobierno honesto, sin nepotismo.

o    13. No regresará el modelo neoliberal.

o    14. Mantendremos la austeridad republicana.

o    17. Digitalización más grande de la historia (trámites y servicios).

b)    República fraterna

o    18. Reconocimiento a derechos y justicia a pueblos indígenas.

c)     República de y para las mujeres

o    53. 150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios.

d)    República rural justa y soberana

o    62. Soberanía alimentaria y precio justo de la tortilla.

e)    República próspera y conectada

o    79. Construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes para pasajeros.

f)     República que protege el medio ambiente y sus recursos naturales

Visión 2030

Hacia 2030 se consolidará la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la cual reconocerá a los ejidos y comunidades como actores imprescindibles del desarrollo nacional y de atención prioritaria, y considerará un pacto histórico estado - campesinos, basado en la justicia, los derechos, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad.

En suma, con la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación se rescatarán, defenderán y revalorizarán a los ejidos y a las comunidades agrarias, y se transformarán en polos de desarrollo integral socioeconómico-ambiental, con base en el ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática y eficiente, con un enfoque de equidad de género, relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de paz.

6. Objetivos
 

La Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación considera a los ejidos y a las comunidades agrarias como actores imprescindibles del desarrollo nacional, y de atención prioritaria para restablecer la gobernanza y la cohesión social en el campo. Y de esta manera, contribuir al desarrollo de una sociedad democrática, participativa, transparente y justa, especialmente de los sujetos agrarios.

En este marco, el propósito central de dicha política agraria es revertir los efectos negativos derivados del marco jurídico agrario neoliberal, prevaleciente desde la reforma salinista al Artículo 27 constitucional de 1992, durante el cual los ejidos y las comunidades fueron abandonados y despojados. Se implementaron políticas gubernamentales que facilitaron: i) el acaparamiento y la depredación de sus tierras; ii) el rentismo con riego y buen temporal, y iii) el cambio de destino de tierras de áreas de uso común para la deforestación y la especulación inmobiliaria.

Es por ello que, el objetivo general de la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que impulsa la PA es rescatar, defender y revalorizar los ejidos y las comunidades agrarias, transformándolos en polos de bienestar social, económico y ambiental, con base en el ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática y eficiente, con un enfoque de equidad de género, relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de paz, tomando como punto de partida la igualdad de los sujetos agrarios.

Para cumplir con el objetivo general planteado se establecen los objetivos prioritarios siguientes:

Objetivos del PIPA 2025-2030
 

1.  Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral, con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia cultural y construcción de paz

2.  Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio

3.  Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria

4.-  Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social

5.  Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos

6.  Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente

6.1 Relevancia del objetivo 1: Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral, con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia cultural y construcción de paz

Los ejidos y comunidades agrarias han sido afectados por las políticas neoliberales establecidas en 1992 con la reforma del Artículo 27 constitucional y la expedición de la LA, las cuales es necesario revertir. Dichas políticas neoliberales han favorecido la mercantilización de las tierras de propiedad social y la pérdida de la vida comunitaria, al permitir acciones como la aceptación de personas avecindadas; el reconocimiento de personas ejidatarias; la asignación de derechos ejidales o comunales a personas ajenas a los núcleos agrarios, que promueven la adopción del dominio, y la falta de políticas públicas de apoyo directo a los ejidos y comunidades, para incentivar la actividad productiva rentable.

Por otro lado, la LA establece en el Artículo 4° que el Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural, mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales con perspectiva de género, orientadas a elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional, en condiciones de igualdad y paridad. Así también, su Artículo 5° señala que las dependencias y entidades competentes de la APF fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico.

Además, el Artículo 7° de la propia LA dispone que el Ejecutivo Federal, promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.

Por otro lado, de acuerdo al diagnóstico realizado por la PA en el último trimestre de 2024(37), actualmente 86% de los núcleos agrarios se reúnen en asamblea una vez cada seis meses, 14% se reúnen de manera anual o no se reúnen; 86 % de los órganos de representación y vigilancia se encuentran vigentes, de los cuales sólo 47% están registrados en el RAN; el 50% de sus representantes cuentan con edades que van de 51 a 64 años y sólo 8% son mujeres; en el 52% de los núcleos agrarios existe migración a los Estados Unidos; en el 32% presentan migración a otras ciudades del país (jornaleros agrícolas); en 18 estados el 35% de los ejidos y comunidades perciben estar ubicados en zonas de alta y muy alta inseguridad; y en el 95% se realizan actividades productivas (agricultura, ganadería y silvicultura), a pesar de que no ha habido una política pública articulada dirigida a los más de 32,200 núcleos agrarios para fortalecer su organización económica y productiva.

Derivado de lo anterior, es necesario que las instituciones del sector agrario impulsen estrategias para rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y comunidades agrarias y transformarlos en polos de bienestar económico, social y ambiental, con un enfoque de género, relevo generacional y pertinencia cultural.

No obstante, un reto relevante para lograr el cumplimiento del objetivo es la organización interna de los núcleos agrarios, la cual se ve afectada por la falta de órganos de representación y vigilancia vigentes, los padrones ejidales o comunales sin actualizar, reglamentos internos o estatutos comunales que no responden a la problemática actual, y no contribuyen a la defensa y preservación de los territorios, así como por la omisión de designación de sucesores por parte de las personas titulares de derechos agrarios.

Diversas problemáticas han provocado que en los núcleos agrarios muy pocas personas ejidatarias o comuneras cuenten con sus derechos legalmente reconocidos, lo que impide reunir el número necesario para celebrar sus asambleas; entre otras se señalan las siguientes:

·   Enajenación.

·   Cesión total o renuncia de los derechos parcelarios y comunes.

·   Inconsistencias en el nombre o fallecimiento de las personas ejidatarias y comuneras.

·   Adopción del dominio pleno cuando no se conservan otros derechos en el núcleo.

·   Resoluciones de los tribunales.

·   Migración al extranjero o a los grandes centros urbanos de México por parte de las personas ejidatarias o comuneras.

·   Desplazamiento forzado, en algunos casos.

Asimismo, los ejidos y comunidades se rigen por un instrumento que se denomina reglamento interno o estatuto comunal, respectivamente, el cual regula la vida interna del núcleo agrario.

Por otra parte, para 2024, un total de 3,323,586 personas ejidatarias, comuneras o posesionarias cuentan con su lista de sucesión depositada, lo que representa 63.2 % del total de los 5,258,746 de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias reconocidas en el país (RAN, 2024)(38).

En este marco, con este objetivo se busca impulsar la democracia participativa de los sujetos agrarios, brindándoles una atención integral para su organización interna, a través de la asesoría para la actualización de sus órganos de representación y vigilancia, sus reglamentos internos o estatutos comunales y padrones ejidales o comunales, así como para el depósito o la formalización de sus listas de sucesión ante RAN o fedatario público.

Con lo anterior, la PA impulsará la consolidación de la organización interna de los núcleos agrarios para fortalecer el aprovechamiento sustentable de su territorio, el ejercicio de los derechos agrarios, así como el acceso a los programas federales, estatales y municipales, lo que permitirá incrementar la gobernanza, democracia, equidad, justicia y bienestar de su población.

6.2 Relevancia del objetivo 2: Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio

Como se señaló anteriormente, en la LA de 1992 se estableció la creación de la PA con funciones de servicio social, para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, conforme a su Artículo 135, que a la letra dice:

La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.

Asimismo, las atribuciones de la PA se establecieron en el Artículo 136 de la ley referida, algunas de las cuales a continuación se enlistan:

o    Coadyuvar y, en su caso, representar a los sujetos agrarios, en asuntos y ante autoridades agrarias.

o    Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por los sujetos agrarios en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley.

o    Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar el derecho de las personas atendidas e instar a las autoridades agrarias a la realización de funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes.

No obstante, la procuración de justicia agraria ha sido inconsistente e ineficaz para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha facilitado el despojo de tierras de propiedad social y el surgimiento de conflictos sociales.

En la procuración de justicia agraria se ha priorizado la atención a circunstancias personales, pero su trascendencia para obtener mejores condiciones de justicia, equidad y proporcionalidad en la defensa del territorio y los derechos colectivos es muy limitada.

Por ejemplo, de los servicios otorgados para la representación legal durante el ejercicio 2024(39), la demanda se concentró principalmente en lo siguiente:

·   Sucesión de derechos ejidales y comunales con 19,590 (63.4%).

·   Posesión de una parcela con 3,283 (10.6%).

·   Acreditación de la calidad de persona ejidataria o comunera con 1,725 (5.6%).

·   Solares sujetos al régimen ejidal o comunal con 1,568 (5.1%).

·   No asignación de derechos sobre tierras con 506 (1.6%).

·   No aceptación como persona ejidataria o comunera con 358 (1.2%).

·   Otros como nulidad de asamblea, asignación de tierras, asignación de solares, inscripciones en el RAN, restitución de tierras con 3,850 (18.5%).

En la Tabla 1 se muestra el comportamiento de los principales asuntos atendidos a los sujetos agrarios en el periodo 2020 - 2024, medido en número de servicios y su aportación porcentual del total anual.

Tabla 1. Representaciones legales otorgadas por la PA por tipo de asunto atendido de 2020 a 2024.

Asunto
 

2020
 

%
 

2021
 

%
 

2022
 

%
 

2023
 

%
 

2024
 

%
 

Sucesión de derechos ejidales y comunales

7,111
 

36.26 %
 

11,237
 

40.00%
 

17,914
 

56.74%
 

22,127
 

66.37%
 

19,590
 

63.44%
 

Posesión de una parcela

2,755
 

14.05 %
 

4,227
 

15.05%
 

3,712
 

11.76%
 

3,242
 

9.72%
 

3,283
 

10.63%
 

Acreditación de la calidad de ejidatario o comunero

1,931
 

9.85 %
 

2,247
 

8.00%
 

1,896
 

6.01%
 

1,665
 

4.99%
 

1,725
 

5.59%
 

Solares sujetos al régimen ejidal o comunal

1,242
 

6.33%
 

1,398
 

4.98%
 

1,255
 

3.98%
 

1,100
 

3.30%
 

1,568
 

5.08%
 

No asignación de derechos sobre tierras

901
 

4.59 %
 

1,414
 

5.03%
 

984
 

3.12%
 

769
 

2.31%
 

506
 

1.64%
 

No aceptación como ejidatario o comunero

2,013
 

10.27 %
 

1,743
 

6.20%
 

739
 

2.34%
 

563
 

1.69%
 

358
 

1.16%
 

Otros (nulidad de asamblea, asignación de tierras, asignación de solares, inscripciones en el RAN, restitución de tierras, etc.)

3,656
 

18.64 %
 

5,829
 

20.75%
 

5,071
 

16.06%
 

3,871
 

11.61%
 

3,850
 

12.47%
 

TOTAL
 

19,609
 

100 %
 

28,095
 

100%
 

31,571
 

100%
 

33,337
 

100%
 

30,880
 

100%
 

Fuente: Centro de Innovación e Información Agraria (CIIA) de la PA.

Asimismo, la representación legal que otorga la PA es a petición de parte y su representatividad se ventila ante los TA, órganos jurisdiccionales autónomos con libertad para dictar sus propios fallos, por lo que, una vez concluidas las fases del procedimiento y la temporalidad para dictar sus resoluciones, pueden abarcar varios años.

En resumen, los servicios de asesoría y defensa de los derechos agrarios que otorga la PA se han enfocado al cumplimiento de metas y no a atender las demandas reales de los sujetos agrarios. Además, dichos servicios se ven afectados por prácticas nocivas como la corrupción, que es necesario combatir.

Por tanto, se requiere establecer un Nuevo Servicio Jurídico Agrario que incluya varias acciones, entre otras:

·   Desarrollar las capacidades de las personas servidoras públicas para otorgar la asesoría jurídica y representación legal a los sujetos agrarios en la defensa de sus derechos agrarios.

·   Digitalizar las sentencias de los juicios agrarios para su consulta rápida y eficaz.

·   Actualizar los conocimientos y capacidades de las y los abogados agrarios en diversas materias del Derecho como: Ley Minera, Ley Energética, Ley de los Pueblos Indígenas, Ley de Hidrocarburos, entre otras.

·   Promover la generación de valores y principios de las y los abogados agrarios como solidaridad, honradez, lealtad, humanismo, transparencia, conciliación y mediación.

·   Establecer un Consejo Consultivo Jurídico de la PA para el seguimiento y análisis de las problemáticas complejas de los núcleos agrarios, con personas abogadas especializadas en diversas materias agrarias como minería, medio ambiente, turismo, forestal y energética.

6.3 Relevancia del objetivo 3: Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria

En el Artículo 136 de la LA se establecen las atribuciones de la PA, particularmente, lo señalado en la fracción III. Promover y procurar la conciliación de intereses entre los sujetos agrarios, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria.

No obstante, de acuerdo con los registros de la propia PA, hasta el año 2024 sólo alrededor del 2% de conflictos agrarios se resolvía por la vía conciliatoria. El resto llegaba a los tribunales para resolverse jurisdiccionalmente.

A manera de ejemplo se señalan dos casos:

·      Para el año 2023 se atendieron 135,273 asuntos agrarios (33,357 por la PA y 101,936 por los TA), de los cuales sólo se concluyeron por la vía conciliatoria 2,671 (1,317 y 1,354, respectivamente), lo que significa 2%.

·      En 2024 se atendieron 144,422 asuntos agrarios (46,432 por la PA y 97,990 por los TA), resolviéndose por la vía conciliatoria 2,437 (1,150 y 1,287, respectivamente), es decir, el 1.7%.(40)

Lo anterior es resultado de la falta de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), tanto por parte de la PA como de los TA, de acuerdo con los resultados derivados de un diagnóstico realizado por la propia PA. Esto trae como consecuencia impactos negativos en diferentes dimensiones, como las siguientes:

·      Tiempo: retrasa la impartición de justicia.

·      Distancia: restringe el acceso a la justicia.

·      Inconformidad: las sentencias judiciales no siempre resuelven el conflicto agrario.

·      Costos: para los TA, la PA y los sujetos agrarios.

Es por ello que, en el marco de la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se plantea la creación del Nuevo Sistema Nacional de Justicia Alternativa Agraria (SNJAA), que fortalecerá el uso de los MASC de manera pacífica en el sector agrario, sin la judicialización de los conflictos entre personas con derechos agrarios o entre éstas y terceros, a través de actividades como: conciliación comunitaria, conciliación formal, mediación formal y arbitraje, así como otorgando servicios de asesoría jurídica, capacitación, formación y certificación del personal que realiza la conciliación.

El SNJAA incluye:

o    La conformación institucional de Comités de Conciliación y Paz Ejidal y Comunitaria (CCPEC) y un Centro Nacional de Justicia Alternativa Agraria (CNJAA).

o    La creación de un Sistema Nacional Electrónico para interrelacionar a los que realizan la conciliación en la PA con el CNJAA para capacitarlos y certificarlos, como personal especializado en los MASC.

o    La revisión del marco jurídico para generar propuestas de modificación a la LA, la creación del decreto por el que se crea el CNJAA y establecer en los reglamentos de los núcleos agrarios la creación y funcionamiento de los CCPEC.

o    Capacitación y especialización del personal que realizará la conciliación en temas como medio ambiente, minería, recursos energéticos, turismo, recursos forestales, entre otros.

Los beneficios de la implementación del SNJAA en favor de los sujetos agrarios serán el acceso a la justicia alternativa, así como la equidad, gratuidad, imparcialidad, honestidad y voluntariedad en la solución de conflictos. Además, coordinará acciones específicas realizadas por distintas dependencias del sector agrario.

En este sentido, se desarrollará un sistema informático para consultar en tiempo real la situación de cada uno de los conflictos agrarios que atiende la PA, con información confiable y unificada para la toma de decisiones en mesas de negociación, reuniones intersecretariales, asambleas, giras de trabajo, entre otras.

Con el objetivo planteado, se avanzará de manera importante en fortalecer la conciliación y el respeto a la propiedad social, con la integración de mecanismos alternativos, para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria.

6.4 Relevancia del objetivo 4: Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social

La reforma constitucional al Artículo 27, promulgada el 6 de enero de 1992, promovió mecanismos para generar certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, fortalecer la asamblea ejidal, reactivar la actividad agrícola y fomentar el desarrollo rural, erigiendo las bases para la creación de la LA.

Tampoco con la entrada en vigor de la LA, los objetivos planteados fueron alcanzados, ya que han surgido diversos problemas en el territorio de la propiedad social. Esto persiste incluso con la certificación de más de 30,500 núcleos agrarios, que involucra a 5,297,968 personas sujetas de derecho (Tabla 2).

Uno de los problemas fue que la procuración de servicios para la regularización de solares urbanos de la propiedad social se llevó a cabo de manera selectiva, respondiendo en muchos casos a la demanda del mercado de tierras para la industria inmobiliaria comercial, priorizando únicamente la plusvalía del suelo. Como consecuencia, el 30% de los solares en los ejidos certificados quedó sin delimitarse internamente.

Otro problema relevante fue la exclusión de diversos grupos sociales de los servicios de regularización de solares: aquellos con alto grado de marginación, los que enfrentaban conflictos sociales derivados de la tenencia de la tierra y los ubicados en zonas con presencia de población indígena y afromexicana. Este proceso excluyente generó un ambiente social adverso a la justicia social; se violaron derechos individuales de los sujetos agrarios.

La situación descrita fue provocada, en muchos casos, por la influencia e intervención de agentes ajenos a los núcleos agrarios, con intereses particulares de especulación comercial sobre el suelo apto para el desarrollo urbano.

Además, con frecuencia, se violaban las disposiciones jurídicas y normativas en materia de ordenamiento territorial y ambiental, lo que derivó en una ampliación en la brecha de desigualdad social e impidió el desarrollo de los núcleos agrarios.

Tabla 2. Situación Agraria Nacional al 31 de diciembre de 2024

CONCEPTO
 

DATOS
 

Superficie total nacional /1
 

196,437,500
 

Hectáreas
 

Superficie propiedad social
 

99,608,232
 

Hectáreas
 

Representación
 

51
 

%
 

Superficie de núcleos agrarios
regularizados / 2
 

97,430,103
 

Hectáreas
 

Superficie certificada y titulada / 3
 

92,746,668
 

Hectáreas
 

Universo de núcleos agrarios
 

32,261
 

29,836
 

Ejidos
 

2,425
 

Comunidades
 

Núcleos agrarios certificados
 

30,520
 

Ejidos
 

28,525
 

Comunidades
 

1,995
 

Núcleos agrarios no certificados
 

1,741
 

1,311
 

Ejidos
 

430
 

Comunidades
 

Avance de certificación
 

95%
 

Núcleos
 

93%
 

Superficie certificada
 

10,950,563
 

Documentos
 

5,297,968
 

Beneficiados
 

1. Superficie continental + Superficie insular. Fuente INEGI.

2. Información histórica derivada de la regularización a través de los programas PROCEDE, FANAR y RRAJA

3. Superficie con certificados y títulos emitidos a través de los programas PROCEDE, FANAR y RRAJA

Fuente: RAN diciembre de 2024. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/informacion-de-interes-nacional

Precisamente, con este objetivo se contribuirá, en el marco de la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al ordenamiento territorial participativo a través de acciones entre las que destacan servicios de asesoría legal para personas poseedoras de solares urbanos, sensibilización para revalorizar el patrimonio de los sujetos agrarios, apoyo para la gestión legal y administrativa ante personas fedatarias públicas; representar a los sujetos agrarios ante las instancias gubernamentales para contribuir con la regularización de los solares urbanos; asistir a los núcleos agrarios y supervisar los trabajos técnicos de delimitación, y facilitar la interpretación de la información técnica y cartográfica a las personas poseedoras de solares.

6.5 Relevancia del objetivo 5: Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos

Como se destacó en el diagnóstico, la atención de prioridades presidenciales (mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos), es una de las tareas más relevantes de la Política Agraria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que impulsa la PA.

En el sector agrario, las mujeres enfrentan condiciones estructurales de desigualdad agravadas por la violencia de género, la pobreza y la discriminación interseccional, especialmente en comunidades indígenas. Estas condiciones profundizan las brechas de acceso y participación respecto de los hombres, limitando el ejercicio pleno de sus derechos agrarios, económicos y sociales.

Cabe destacar que en México existen 5,478,565 personas sujetas agrarias con calidad de ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas, de las cuales sólo 1,521,065 son mujeres, lo que representa un 27.8% del total(41) (Gráfica 3).

Asimismo, la participación de las mujeres en los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios es limitada. De las 90,742 personas que integran estos órganos, sólo 21,731 son mujeres (RAN, 2024)(42), lo que representa un 23.9%.

Aún más crítico es que, de las 15,123 actas electivas registradas, solamente 1,317 consignan a una mujer como presidenta del comisariado ejidal o de bienes comunales (RAN, 2024)42, lo que representa un escaso 8.7%.

Gráfica 3. Número de personas sujetas agrarias por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos del RAN, 2024.

Estos datos evidencian la urgencia de impulsar acciones con perspectiva de género para cerrar las brechas existentes, promoviendo el acceso de las mujeres a la titularidad de las tierras. Esto permitirá fortalecer su participación en la vida orgánica de los núcleos agrarios, en la toma de decisiones al interior de las asambleas ejidales o comunales, así como incorporarse en calidad de propietarias o suplentes en los órganos de representación y vigilancia, mediante la implementación de cuatro acciones administrativas y tres acciones jurisdiccionales: i) asesoría para el cambio de calidad agraria de posesionarias a ejidatarias; ii) asesoría jurídica para la aceptación de comunera; iii) asesoría y acompañamiento para facilitar la titularidad de derechos parcelarios a favor de las mujeres; iv) asesoría y acompañamiento para facilitar la titularidad de derechos sobre tierras de uso común a favor de las mujeres; v) juicios sucesorios intestamentarios; vi) juicios diversos en beneficio de las mujeres, y vii) ratificación de convenios a favor de mujeres en juicios sucesorios.

Asimismo, es importante emprender acciones para la liberación de derechos de vía en la propiedad social para colaborar al cumplimiento del Compromiso 79. "Construcción de 3,000 km de nuevas líneas de trenes para pasajeros"32, que contiene también el documento 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación referido.

Dichas acciones contribuirán al bienestar regional, con el incremento de la conectividad entre territorios, particularmente de la propiedad social, de manera sustentable, segura, accesible e incluyente.

En lo que respecta a los conflictos agrarios o focos rojos, cada dependencia los atiende de acuerdo con sus atribuciones. Incluso, al interior de la PA, la atención y el seguimiento lo realizaban las unidades administrativas, de conformidad con sus atribuciones, pero sin una comunicación eficiente.

Por lo anterior, se impulsará la atención integral de los conflictos agrarios, a través de mesas interinstitucionales, en un esquema de trabajo por objetivos, donde cada institución, asuma sus tareas e informe sus gestiones. Este enfoque busca, no sólo la resolución de disputas existentes, sino también la prevención de nuevos conflictos y la generación de estabilidad jurídica y social en el campo mexicano.

En la PA se diseñará un sistema informático para recopilar la información de las distintas unidades administrativas y generar un expediente único de cada uno de los conflictos, para un mejor seguimiento y toma de decisiones.

Respecto de la población indígena atendida por la PA, ésta ha ido en aumento, como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Población indígena atendida por el Programa E001 Procuración de Justicia Agraria.
 

Personas / año
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

Hombres
 

384,738
 

839,429
 

937,892
 

1,004,980
 

1,027,101
 

Mujeres
 

130,060
 

268,503
 

292,221
 

327,468
 

335,676
 

TOTAL
 

514,798
 

1,107,932
 

1,230,113
 

1,332,448
 

1,362,777
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reporte de Seguimiento de los Programas Presupuestarios del anexo transversal 10 (ejercicio fiscal 2020) del CIIA de la PA.

Sin embargo, en concordancia con las prioridades del Gobierno de México para el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la PA participará en los planes, particularmente en el eje de Tierra y Territorio, para fortalecer el acceso a la justicia agraria con enfoque territorial, cultural y de derechos.

6.6 Relevancia del objetivo 6: Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente

La Nueva PA del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, tiene el firme propósito de transformarse profundamente y recuperar la credibilidad pública institucional, estableciendo una política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Para ello se trabajará intensamente para el combate frontal a la corrupción, el acoso y la discriminación en todas sus formas, así como reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Se acompañará lo anterior con estrategias de capacitación al personal para estimularlo y reconocerle el trabajo y desempeño, que contribuya a eliminar cualquier vestigio de simulación, corrupción, acoso o discriminación.

Por otro lado, en alineación con el objetivo 4 del PSEDATU "Impulsar una gestión institucional innovadora, eficiente y centrada en la mejora de la atención a las personas, que fortalezca la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información" y con el eje transversal 2 del PND, "Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional", se llevará a cabo un proceso de simplificación y digitalización administrativa, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones; se utilizarán nuevas herramientas informáticas y se mejorarán los sistemas de control interno para facilitar a los sujetos agrarios el acceso a los servicios que brinda la PA.

Es necesario establecer alianzas estratégicas interinstitucionales con dependencias federales y gobiernos locales, que permitan conjuntar esfuerzos y detonar acciones para el desarrollo de los núcleos agrarios e impulsar el bienestar de los sujetos agrarios, promoviendo el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales.

Un ejemplo de alianzas estratégicas será con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que permitirá capacitar y formar a personas jóvenes que vivan en los ejidos y comunidades agrarias para que apoyen en la organización autogestiva de núcleos agrarios.

Otros aspectos que se requiere mejorar para potenciar los recursos destinados al sector agrario son los procesos de planeación, evaluación y supervisión para priorizar y focalizar de mejor manera las acciones de la PA; además de la difusión y educación agraria para fomentar el conocimiento autogestivo.

6.7 Vinculación de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025-2030

Los seis objetivos planteados en el presente PSEDATU, en 3 objetivos y 12 estrategias, como se detalla en el cuadro siguiente:

Objetivos del Programa Institucional
 

Objetivos del
Programa Sectorial
 

Estrategias del
Programa Sectorial
 

1.  Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral, con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia cultural y construcción de paz

1
 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

1.5
 

2.  Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio

1
 

1.2
 

1.3
 

1.5
 

1.7
 

3.  Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria

1
 

1.1
 

1.2
 

1.6
 

1.7
 

4.  Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social

1
 

1.1
 

1.2
 

1.3
 

5.  Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos

1
 

1.2
 

1.4
 

1.6
 

2
 

2.3
 

6.  Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente

1
 

1.1
 

4
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

4.6
 

4.7
 

7. Estrategias y líneas de acción
 

Objetivo 1. Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral, con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia cultural y construcción de paz

Estrategia 1.1 Instrumentar las acciones necesarias para el establecimiento de los CDAA

Línea de acción
 

1.1.1 Regular la operación y funcionamiento de los CDAA, mediante la emisión de lineamientos específicos

1.1.2 Evaluar el funcionamiento de los CDAA, a través de bitácoras de seguimiento

Estrategia 1.2 Promover el desarrollo de capacidades de los sujetos agrarios para fomentar su desarrollo integral autogestivo

Línea de acción
 

1.2.1 Fortalecer las capacidades de las personas organizadoras agrarias mediante procesos de formación que les permitan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en el acompañamiento a los sujetos agrarios

1.2.2 Fortalecer las capacidades autogestivas de las personas titulares de derechos agrarios a través de un programa nacional de capacitación

Estrategia 1.3 Fomentar la organización autogestiva y económica de los sujetos agrarios, para el aprovechamiento productivo de sus tierras y de los bienes ambientales con que cuentan

Línea de acción
 

1.3.1 Fortalecer los procesos organizativos y productivos de los sujetos agrarios mediante la asesoría sobre las diversas formas de asociación

1.3.2 Promover el reconocimiento de los ejidos y comunidades como personas sujetas de derecho público, mediante acciones que les faciliten el acceso directo a recursos presupuestales

1.3.3 Contribuir a la producción sustentable en la propiedad social, promoviendo el establecimiento de estímulos fiscales especiales para ejidos y comunidades agrarias

1.3.4 Fortalecer la organización interna de los núcleos agrarios, brindándoles acompañamiento técnico y capacitación

1.3.5 Apoyar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico, socioambiental y productivo, a través del acompañamiento técnico y capacitación a los ejidos y comunidades agrarias

Estrategia 1.4 Impulsar la renovación oportuna de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios, con paridad de género para contribuir al fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y la construcción de paz

Línea de acción
 

1.4.1 Promover en los núcleos agrarios la actualización de sus órganos de representación y vigilancia, por medio de la suscripción de bases de colaboración con el RAN

1.4.2 Acompañar a los núcleos agrarios para la actualización de sus órganos de representación y vigilancia, mediante la notificación del vencimiento del periodo de funciones para el cual fueron electos

1.4.3 Brindar asesoría mediante la emisión de convocatoria y asistencia a asamblea de remoción de órganos de representación y vigilancia, cuando el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia se hayan negado a convocar en términos del Artículo 40 de la LA

Estrategia 1.5 Promover la actualización de los padrones ejidales y comunales, para fortalecer el asambleísmo al interior de estos

Línea de acción
 

1.5.1 Facilitar a los núcleos agrarios los procesos para la actualización de los padrones ejidales o comunales, por medio de la suscripción de bases de colaboración con el RAN

1.5.2 Acompañar a los núcleos agrarios en el proceso de actualización de padrones ejidales y comunales, por medio de su sensibilización y asesoramiento

1.5.3 Acompañar a los núcleos agrarios en la actualización y recepción del padrón ejidal o comunal mediante gestiones ante el RAN

Estrategia 1.6 Impulsar la elaboración y actualización de los reglamentos internos o estatutos comunales en ejidos y comunidades, para contribuir al desarrollo socioeconómico, ambiental y la planeación participativa del territorio con enfoque de igualdad de género, interculturalidad y construcción de paz

Línea de acción
 

1.6.1 Fomentar la actualización de los reglamentos internos o estatutos comunales, por medio de la suscripción de bases de colaboración con el RAN

1.6.2 Acompañar a los núcleos agrarios en la elaboración o actualización de los reglamentos internos o estatutos comunales, estableciendo acciones de colaboración con el sector ambiental

1.6.3 Verificar la inscripción del reglamento interno o estatuto comunal, mediante la gestión ante el RAN

Estrategia 1.7 Promover la designación de sucesores de derechos de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias para fortalecer el desarrollo social y sostenible, la paz social y el bienestar de los núcleos agrarios

Línea de acción
 

1.7.1 Impulsar el depósito de listas de sucesión por parte de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias, mediante la firma de bases de coordinación con el RAN

1.7.2 Incrementar la formalización de listas de sucesión por parte de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias, estableciendo mecanismos de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM)

1.7.3 Acompañar en el proceso de elaboración y depósito de listas de sucesión de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias ante el RAN o la formalización ante fedatario público, mediante su sensibilización y asesoramiento

1.7.4 Verificar el depósito de la lista de sucesión de las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias ante el RAN o la formalización ante fedatario público, mediante el cotejo documental correspondiente

Objetivo 2. Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio

Estrategia 2.1 Promover la asistencia legal en beneficio de los sujetos agrarios para contribuir al desarrollo de la propiedad social y del país

Línea de acción
 

2.1.1 Otorgar una expedita procuración de justicia agraria a los sujetos agrarios, brindándoles asistencia legal directamente en los TA

2.1.2 Agilizar la solución de conflictos de los núcleos agrarios, mediante la instalación del Consejo Consultivo Jurídico de la PA para su análisis y seguimiento especializado

Estrategia 2.2 Establecer un Nuevo Servicio Jurídico Agrario para brindar servicios de calidad a los sujetos agrarios

Línea de acción
 

2.2.1 Elevar la calidad de los servicios de la asesoría jurídica y representación legal de los sujetos agrarios, promoviendo la actualización de conocimientos del personal de la PA, en especial de las personas abogadas agrarias

2.2.2 Brindar una mejor asesoría jurídica y representación legal a los sujetos agrarios, impulsando la correcta integración de expedientes por parte de las y los abogados agrarios

2.2.3 Facilitar y mejorar el servicio de representación legal a los sujetos agrarios, promoviendo el uso de tecnologías para la consulta de expedientes por parte de las y los abogados agrarios, respecto de los asuntos jurídicos de la PA

Estrategia 2.3 Promover un nuevo marco normativo agrario, en favor de los ejidos y las comunidades agrarias, para revertir los efectos negativos del neoliberalismo en la propiedad social

Línea de acción
 

2.3.1 Contribuir a la preservación de la propiedad social, impulsando un nuevo marco jurídico agrario

2.3.2 Promover la defensa legal de la propiedad social, mediante la articulación de acciones del sector agrario

2.3.3 Fortalecer los servicios de procuración de justicia, mediante la emisión de instrumentos normativos internos

Objetivo 3. Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria

Estrategia 3.1 Impulsar la creación del Sistema Nacional de Justicia Alternativa Agraria, para promover los MASC

Línea de acción
 

3.1.1 Consolidar las acciones de conciliación, mediación y arbitraje en favor de los sujetos agrarios, mediante la coordinación de acciones con el TSA

3.1.2 Promover la solución de conflictos agrarios de manera pacífica, mediante el uso de los MASC

3.1.3 Reforzar el servicio de conciliación en la defensa de los derechos de propiedad social, mediante la capacitación y certificación a las personas servidoras públicas de la PA

3.1.4 Contribuir a la paz social y a la justicia agraria en los núcleos agrarios, mediante la integración de comités de conciliación ejidal y comunitaria

3.1.5 Fortalecer la asesoría jurídica, capacitación, certificación y conducción a la resolución de conflictos, promoviendo la creación de un CNJAA

Estrategia 3.2 Implementar acciones jurídicas y administrativas, para la atención de conflictos agrarios

Línea de acción
 

3.2.1 Fortalecer la toma de decisiones en la solución de conflictos agrarios, mediante la operación de un sistema informático de consulta del estatus de estos, en tiempo real

3.2.1 Fortalecer la atención de conflictos agrarios, mediante la operación de la mesa central agraria

Objetivo 4. Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social

Estrategia 4.1 Difundir los criterios para la regularización de la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios, para la toma de decisiones de incorporarse al programa de regularización

Línea de acción
 

4.1.1 Informar a los núcleos agrarios la normatividad aplicable en materia de regularización, incluidos los referentes de asentamientos humanos y ambientales, mediante la emisión de documentos específicos

Estrategia 4.2 Priorizar acciones de regularización de las tierras de propiedad social en núcleos agrarios con localidades de alto y muy alto grado de marginación, o con población indígena y/o afromexicana, para contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad en la materia

Línea de acción
 

4.2.1 Facilitar la realización de asambleas de anuencia del programa de regularización de los núcleos agrarios, otorgándoles asesoría y acompañamiento

Estrategia 4.3 Efectuar las acciones legales necesarias para que los núcleos agrarios se ciñan a la normativa en materia de ordenamiento territorial y ambiental

Línea de acción
 

4.3.1 Identificar y determinar aquellas solicitudes de asistencia a Asambleas de Formalidades Especiales que cumplen con los requisitos normativos esenciales, mediante la elaboración de un diagnóstico

4.3.2 Identificar los casos con presuntas irregularidades, en materia de ordenamiento territorial y ambiental, observadas en los acuerdos de asambleas de formalidades especiales, revisando las actas de dichas asambleas

4.3.3 Dar a conocer ante las autoridades competentes las ilegalidades que en materia de ordenamiento territorial y ambiental se detecten, a través de la denuncia correspondiente

Estrategia 4.4 Gestionar ante la SEMARNAT los dictámenes técnicos solicitados por los núcleos agrarios que requieren realizar cambios de destino de tierras de propiedad social, para facilitar la organización territorial y promover el desarrollo social y económico de sus habitantes

Línea de acción
 

4.4.1 Obtener la emisión de opiniones sobre la existencia de bosques o selvas u ordenamientos ecológicos, así como la existencia de áreas naturales protegidas de tierras de propiedad social, promoviendo la coordinación interinstitucional

4.4.2 Prevenir el acaparamiento, la concentración y la venta ilegal de tierras ejidales o comunales, así como los asentamientos humanos irregulares, estableciendo los mecanismos que brinden seguridad jurídica mediante la colaboración con el RAN

Objetivo 5. Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos de vía y focos rojos

Estrategia 5.1 Promover el reconocimiento de derechos agrarios de mujeres para la obtención de la titularidad de las tierras y su participación en la propiedad social

Línea de acción
 

5.1.1 Asesorar y acompañar a los sujetos agrarios para la celebración de contratos de cesión de derechos parcelarios o sobre tierras de uso común, así como en su inscripción ante el RAN, que faciliten el acceso a la titularidad de derechos de tierras de propiedad social a favor de las mujeres

5.1.2 Asesorar y acompañar a las mujeres con calidad agraria de posesionaria para realizar el cambio a ejidataria y aquellas interesadas en la aceptación de comunera, así como en la inscripción de los acuerdos de asamblea para tales efectos ante el RAN

5.1.3 Impulsar la obtención de la titularidad de derechos de tierras de propiedad social a favor de las mujeres, brindándoles servicios de representación legal

Estrategia 5.2 Establecer la política de perspectiva de género en la institución, para cerrar las brechas de desigualdad en el ejercicio pleno de los derechos agrarios de las mujeres

Línea de acción
 

5.2.1 Consolidar estructuras, normativas y procesos internos con perspectiva de género, mediante la creación de la Unidad de Igualdad de Género

5.2.2 Promover la elaboración de herramientas técnicas, estudios, diagnósticos y estrategias para el desarrollo de las mujeres rurales y el acercamiento de información para su empoderamiento, mediante alianzas con dependencias y organismos especializados y el desarrollo de herramientas técnicas

5.2.3 Contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres, mediante la sensibilización en los núcleos agrarios en materia de igualdad y la capacitación del personal institucional y de los liderazgos comunitarios

Estrategia 5.3 Colaborar en la implementación de planes de justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para reducir las brechas de desigualdad

Línea de acción
 

5.3.1 Vincular los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos con tierra y territorio, mediante acciones conjuntas del sector agrario

5.3.2 Dar seguimiento a la implementación de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos designados a la PA, coordinando las acciones conjuntas con las dependencias de la Administración Pública Federal

Estrategia 5.4 Participar en la liberación de derechos de vía, para contribuir a la construcción de nuevas líneas de trenes

Línea de acción
 

5.4.1 Coadyuvar en la liberación de derechos de vía en la propiedad social, que contribuya a la construcción de trenes, mediante el acompañamiento a los ejidos y comunidades agrarias, así como las instituciones involucradas

Estrategia 5.5 Priorizar la solución de conflictos agrarios denominados focos rojos, para contribuir a la gobernabilidad en la propiedad social

Línea de acción
 

5.5.1 Promover la coordinación de acciones conjuntas encaminadas a la solución de conflictos agrarios denominados focos rojos, mediante la instauración de una mesa intersecretarial

5.5.2 Fomentar acciones focalizadas para la solución de conflictos agrarios denominados focos rojos, identificando aquellos que requieren atención del sector agrario

Objetivo 6. Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente

Estrategia 6.1 Fomentar la simplificación y digitalización de servicios que brinda la PA para contribuir a una justicia agraria pronta y expedita

Línea de acción
 

6.1.1 Simplificar los servicios de la PA, reduciendo los requisitos y tiempos de atención

6.1.2 Digitalizar los servicios de la PA, mediante el uso de tecnologías de la información

Estrategia 6.2 Fortalecer la coordinación institucional para brindar una atención integral a los sujetos agrarios

Línea de acción
 

6.2.1 Establecer alianzas con dependencias federales y estatales, mediante la suscripción de bases de colaboración

6.2.2 Mejorar la atención a los sujetos agrarios, impulsando el trabajo coordinado con las instituciones relacionadas con el sector

6.2.3 Fortalecer la organización y la autogestión de núcleos agrarios, incorporando a las acciones de la PA a JCF, en colaboración con la STPS

Estrategia 6.3 Establecer una política en la PA contra la corrupción, la impunidad y el acoso para la recuperación de la credibilidad institucional

Línea de acción
 

6.3.1 Recuperar la confianza en el servicio institucional, estableciendo mecanismos contra la corrupción, la impunidad y el acoso

6.3.2 Mejorar los servicios que brinda la institución, mediante el fortalecimiento de esquemas de supervisión

6.3.3 Fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas mediante mecanismos de capacitación y evaluación

Estrategia 6.4 Fortalecer la difusión y educación agraria para contribuir a la transformación de los ejidos y comunidades agrarias

Línea de acción
 

6.4.1 Contribuir a la revalorización de los ejidos y comunidades agrarias, a través de la implementación de campañas dirigidas a los sujetos agrarios

6.4.2 Contribuir al desarrollo rural y la justicia social en la propiedad social, mediante la generación y difusión de contenidos editoriales en los ejidos y comunidades agrarias

6.4.3 Promover la información agraria, mediante la organización de conferencias con actores clave en el sector agrario

8. Indicadores y metas
 

Indicador 1.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de instrumentos de organización interna realizados en los núcleos de población ejidal o comunal.
 

Objetivo
 

Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral,
con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia
cultural y construcción de paz.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de instrumentos de organización interna en los núcleos de población ejidal o comunal realizados en el periodo,
respecto del total de instrumentos de organización interna programados en los núcleos de población ejidal o comunal en los núcleos
agrarios.
 

Derecho asociado
 

Derecho de petición (asesoría) de acuerdo con el Artículo 136 de la LA.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia
esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar el
avance
 

Dirección General de Organización Agraria
(DGOA) - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de instrumentos de organización interna en los núcleos de población ejidal o comunal realizados / Número de instrumentos de
organización interna en los núcleos de población ejidal o comunal programados)*100
 

Donde:
 

Instrumentos de organización interna corresponden a: órganos de representación y vigilancia; padrones ejidales o comunales y
reglamentos internos o estatutos comunales en los núcleos agrarios.
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de
instrumentos de
organización
interna en los
núcleos de
población ejidal o
comunal
realizados
 

Valor variable 1
 

15,032
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos en la
DGOA
 

Nombre variable 2
 

Número de
instrumentos de
organización
interna en los
núcleos de
población ejidal o
comunal en los
núcleos agrarios
programados.
 

Valor variable 2
 

15,305
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos en la
DGOA
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(15,032/15,305)*100 = 98.21%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

98.21%
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

90%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir, concluir al
menos el 90% de total de las solicitudes programadas.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

102.51
 

100.54
 

44.91
 

99.00
 

90.00
 

90.00
 

98.21
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

Indicador 1.2
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de personas ejidatarias, comuneras y posesionarias que depositan o formalizan su lista de sucesión con la asesoría de la
PA.
 

Objetivo
 

Promover la transformación de los Núcleos Agrarios en polos de bienestar social, económico y ambiental, para su desarrollo integral,
con base en el ordenamiento territorial participativo y la organización autogestiva, con enfoque de equidad de género, pertinencia
cultural y construcción de paz.
 

Definición o
descripción
 

Este indicador mostrará el porcentaje de personas ejidatarias, comuneras y posesionarias que depositan o formalizan su lista de
sucesión en el Registro Agrario Nacional (RAN) o formalización ante fedatario público, lo que permitirá otorgar certeza jurídica a la
persona sucesora en la transmisión de los derechos agrarios.
 

Derecho asociado
 

Derecho de petición (asesoría) de acuerdo con el Artículo 136 de la LA.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar
el avance
 

DGOA - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de personas ejidatarias, comuneras y posesionarias asesoradas para el depósito o formalización de su lista de sucesión /
Número de personas ejidatarias, comuneras y posesionarias programadas para brindarles asesoría para el depósito o formalización
de su lista de sucesión)* 100
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de personas
ejidatarias, comuneras y
posesionarias asesoradas
para el depósito o
formalización de su lista de
sucesión.
 

Valor
variable 1
 

31,283
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos en la
DGOA
 

Nombre variable 2
 

Número de personas
ejidatarias, comuneras y
posesionarias programadas
para brindarles asesoría
para el depósito o
formalización de su lista de
sucesión.
 

Valor
variable 2
 

31,283
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos en la
DGOA
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(31,283 /31,283) * 100 = 100%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

100.00
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

90%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir, concluir
al menos el 90% del total de las solicitudes programadas.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

103.25
 

103.42
 

24.85
 

100.00
 

100.00
 

100.00
 

100.00
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

Indicador 2.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de representaciones legales a los sujetos agrarios concluidos.
 

Objetivo
 

Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de servicios de representación legal concluidos en juicios agrarios, jurisdicciones voluntarias, coadyuvancias,
recursos de revisión, amparo directo, amparo indirecto, respecto de asuntos de representación legal programados.
 

Derecho asociado
 

Derecho a la justicia de acuerdo con el Artículo 136 de la LA.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar el
avance
 

Dirección General Jurídica y de Representación
Agraria (DGJRA) - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de servicios de representación legal concluidos/ Número de servicios de representación legal programado) *100.
 

Observaciones
 

De acuerdo con el art. 135 de la LA y 1ro del RIPA, Sujetos Agrarios: los ejidos y comunidades; las personas ejidatarias, comuneras y
posesionarias y sus sucesoras; pequeñas propietarias, avecindadas, jornaleras agrícolas, colonas, poseedoras de terrenos baldíos o
nacionales y campesinas en general.
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de servicios
de representación
legal concluidos
 

Valor variable 1
 

30,880
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos en la
DGJRA
 

Nombre variable 2
 

Número de servicios
de representación
legal programado
 

Valor variable 2
 

31,000
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos en la
DGJRA
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(30,880/31,000)*100 = 99.61%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

99.61
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

100%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir,
concluir el 100% de total de las solicitudes de representación legal recibidas.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

84.72
 

100.00
 

100.00
 

105.43
 

90.28
 

100.00
 

99.61
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

Indicador 2.2
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a los sujetos agrarios.
 

Objetivo
 

Promover la defensa de los derechos individuales y colectivos de los núcleos agrarios para preservar el territorio.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de asesorías jurídicas en materia agraria proporcionadas a los sujetos agrarios que refiere el Artículo 135 de la LA,
ante los TA, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, respecto del total de solicitudes de
asesorías jurídicas recibidas.
 

Derecho asociado
 

Derecho de petición (asesoría) de acuerdo con el Artículo 136 de la LA.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar
el avance
 

DGJRA - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de asesorías jurídicas otorgadas/ Número de solicitudes de asesorías jurídicas recibidas)*100
 

Observaciones
 

De acuerdo con el art. 135 de la LA y 1ro del RIPA, Sujetos Agrarios: los ejidos y comunidades; las personas ejidatarias, comuneras y
posesionarias y sus sucesoras; pequeñas propietarias, avecindadas, jornaleras agrícolas, colonas, poseedoras de terrenos baldíos o
nacionales y campesinas en general.
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de asesorías
jurídicas otorgadas
 

Valor variable 1
 

29,415
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos en la
DGJRA
 

Nombre variable 2
 

Número de solicitudes
de asesorías jurídicas
recibidas
 

Valor variable 2
 

29,415
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos en la
DGJRA
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(29,415/29,415)*100 = 100%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

100.0
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

100%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir, concluir
el 100% de total de las solicitudes de asesoría jurídica recibidas.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

100.00
 

100.0
 

100.00
 

100.00
 

100.00
 

100.00
 

100.00
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

Indicador 3.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de conciliaciones agrarias concluidas con firma de convenio conciliatorio dentro y fuera de juicios agrarios.
 

Objetivo
 

Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los
conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria.
 

Definición o
descripción
 

Medir el porcentaje de los servicios de conciliación agraria concluidos con firma de convenio conciliatorio atendidos dentro y fuera de
juicios agrarios, en favor de los sujetos agrarios.
 

Derecho asociado
 

Seguridad Jurídica
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar el
avance
 

Dirección General de Conciliación y Servicios
Periciales (DGCSP) PA
 

Método de cálculo
 

(Número de acciones de conciliación concluidas con firma de convenio conciliatorio dentro y fuera de juicios agrarios/ Número de
conciliaciones concluidas bajo cualquier acción) *100
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de acciones
de conciliación
concluidas con firma
de convenio
conciliatorio dentro y
fuera de juicios
agrarios
 

Valor variable
1
 

1,432
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos de la
DGCSP
 

Nombre variable 2
 

Número de
conciliaciones
concluidas bajo
cualquier acción
 

Valor variable
2
 

1,475
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos de la
DGCSP
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(1,432/1,475)*100 = 97.08%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

97.08
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

90%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir, concluir al
menos el 90% de total de las solicitudes de conciliación.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

97.08%
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

Indicador 3.2
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Número de acciones de conciliación agraria en favor de los sujetos agrarios.
 

Objetivo
 

Fortalecer la integración de mecanismos alternativos como la conciliación y el respeto a la propiedad social para dar solución a los
conflictos agrarios, respetando la cultura, los sistemas normativos, así como para preservar la paz social y fomentar la justicia agraria.
 

Definición o
descripción
 

Mide el número de acciones de conciliación agraria atendidas con audiencia conciliatoria para asegurar la eficiencia del servicio,
respecto del total de las conciliaciones solicitadas.
 

Derecho asociado
 

Seguridad Jurídica
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar el
avance
 

DGCSP - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de conciliaciones atendidas con audiencia conciliatoria /Número total de conciliaciones solicitadas) * 100
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de
conciliaciones
atendidas con
audiencia conciliatoria
 

Valor variable
1
 

1,150
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos de la
DGCSP
 

Nombre variable 2
 

Número total de
conciliaciones
solicitadas
 

Valor variable
2
 

1,277
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos de la
DGCSP
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(1,150/1,277)*100 = 90.05%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

90.05
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

90%
 

Se espera que la tendencia del indicador hacia 2030 sea constante. Es decir, concluir al
menos el 90% de total de las solicitudes de conciliación recibidas.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

90.05
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

90
 

Indicador 4.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de núcleos agrarios con localidades con alto y muy alto grado de marginación o con población indígena y/o afromexicana
que realizaron asamblea de anuencia en el marco del programa de regularización.
 

Objetivo
 

Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de
desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de núcleos agrarios con localidades de alto o muy alto grado de marginación o con población indígena y/o
afromexicana que realizaron asamblea de anuencia, con respecto al total de núcleos agrarios que realizaron asamblea de anuencia
en el marco del programa de regularización.
 

Derecho asociado
 

Derecho a la propiedad: Con fundamento en el Artículo 27 de la CPUEM, del cual emanan la Ley General de Bienes Nacionales, el
Código Civil Federal y la LA. En sus distintos tipos de propiedades: Propiedad Pública, Propiedad Privada y Propiedad Social.
 

Derecho a la vivienda: Con fundamento en el Artículo 4, párrafo octavo, de la CPEUM, y específicamente en la Ley de la Vivienda, así
como en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
 

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas: Con fundamento en los Artículos 2 y 27 de la CPEUM, que reconoce la
composición pluricultural y multiétnica de la Nación Mexicana y protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas,
sustentado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 

Derechos agrarios: Con fundamento en el Artículo 27 de la CPEUM, así como en la LA y sus reglamentos, como el Reglamento de la
LA en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, y el Reglamento de la LA en Materia de Ordenamiento
de la Propiedad Rural.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de recolección de los datos
 

Enero-diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable de reportar el
avance
 

Dirección General de Apoyo al Ordenamiento de
la Propiedad Rural (DGAOPR) - PA
 

Método de cálculo
 

(Número de ejidos y comunidades con localidades con alto y muy alto grado de marginación o con población indígena y/o
afromexicana que realizaron asamblea de anuencia en el marco del programa de regularización / Número total de ejidos y
comunidades que realizaron asamblea de anuencia en el marco del programa de regularización) *100
 

Observaciones
 

Este parámetro es de nueva creación, por lo que no se cuenta con un valor para definir la línea base.
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de ejidos y
comunidades con
localidades con alto y
muy alto grado de
marginación o con
población indígena y/o
afromexicana que
realizaron asamblea de
anuencia en el marco
del programa de
regularización
 

Valor variable
1
 

0
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos de la
DGAOPR
 

Nombre variable 2
 

Número total de ejidos
y comunidades que
realizaron asamblea de
anuencia en el marco
del programa de
regularización
 

Valor variable
2
 

0
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos de la
DGAOPR
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(0/0)*100 = 0
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

0
 

Este parámetro es de nueva creación, por lo que no se cuenta con un valor para
definir la línea base, ya que considera núcleos agrarios con localidades de alta y
muy alta marginación o con población indígena y/o afromexicana.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

25%
 

Se espera que al menos el 25% de los núcleos agrarios con localidades con alto y
muy alto grado de marginación o con población indígena y/o afromexicana, realicen
asamblea de anuencia en el marco del programa de regularización.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

ND
 

0
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

25
 

25
 

25
 

25
 

25
 

25
 

Indicador 4.2
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de expedientes de actos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural concluidos.
 

Objetivo
 

Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica y seguridad documental en los núcleos agrarios, a fin de disminuir la brecha de
desigualdad en materia de ordenamiento y regularización territorial de las tierras de propiedad social.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de expedientes de actos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural finalizados, asambleas a las que se
refieren las fracciones VII a XIV del Artículo 23 de la LA, apegados a la LA y a la materia ambiental, en relación con el total de
expedientes de actos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural estimados.
 

Derecho asociado
 

Derecho a la propiedad: Con fundamento en el Artículo 27 de la CPEUM, del cual emanan la Ley General de Bienes Nacionales, el
Código Civil Federal y la LA. En sus distintos tipos de propiedades: Propiedad Pública, Propiedad Privada y Propiedad Social.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o
frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Periódico
 

Disponibilidad de la
información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentajes
 

Periodo de
recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Constante
 

Unidad responsable
de reportar el avance
 

DGAOPR -PA
 

Método de cálculo
 

(Número total de expedientes de actos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural finalizados / Número total de expedientes
de actos de ordenamiento y regulación de la propiedad rural solicitados estimados) *100
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número total de expedientes de
actos de ordenamiento y regulación
de la propiedad rural finalizados
 

Valor
variable 1
 

238
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros administrativos
de la DGAOPR
 

Nombre variable 2
 

Número total de expedientes de
actos de ordenamiento y regulación
de la propiedad rural solicitados
estimados
 

Valor
variable 2
 

238
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros administrativos
de la DGAOPR
 

Sustitución en método
de cálculo
 

(238/238)*100 = 100%
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

100
 

El valor de meta de la línea base corresponde a 2024.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

100%
 

Alcanzar que el 100% de los expedientes de actos de ordenamiento y
regulación de la propiedad rural, cumplan con las disposiciones legales en la
materia.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

Indicador 5.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de mujeres con reconocimiento a la titularidad de tierra y cambio de calidad agraria.
 

Objetivo
 

Implementar acciones institucionales para contribuir a la atención de prioridades presidenciales: mujeres, planes de justicia, derechos
de vía y focos rojos.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de mujeres con reconocimiento a la titularidad de tierra y cambio de calidad agraria, mediante acciones para
facilitar el cambio de calidad de posesionaria a ejidataria, la aceptación como comuneras, la transmisión de derechos parcelarios o de
tierras de uso común, juicios sucesorios, juicios diversos o ratificaciones de convenios.
 

Derecho asociado
 

Derechos agrarios establecidos en los Artículos 12, 15, 16, 20 fracción I, 23 fracción II, XV, 60, 80, 101, 107 de la LA.
 

Nivel de
desagregación
 

Nacional
 

Periodicidad o frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Acumulado
 

Disponibilidad de la
información
 

Enero
 

Unidad de medida
 

Porcentajes
 

Periodo de recolección de los
datos
 

Enero-Diciembre
 

Tendencia esperada
 

Ascendente
 

Unidad responsable de
reportar el avance
 

DGOA, DGJRA y Coordinación General de
Oficinas de Representación (CGOR)
 

Método de cálculo
 

(Número de mujeres atendidas mediante acciones de reconocimiento a la titularidad de tierra y cambio de calidad agraria / Número de
mujeres programadas a atender) * 100
 

Observaciones
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de mujeres
atendidas mediante
acciones de
reconocimiento a la
titularidad de tierra y
cambio de calidad
agraria
 

Valor variable 1
 

0
 

Fuente de
información variable
1
 

Registros
administrativos de la
DGOA, DGJRA y de la
CGOR
 

Nombre variable 2
 

Número de mujeres
programadas a atender
 

Valor variable 2
 

150,000
 

Fuente de
información variable
2
 

Registros
administrativos de la
DGOA, DGJRA y de la
CGOR
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(0/150,000)*100 = 0
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

0
 

La acción es nueva.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

100%
 

La acción es nueva y se asocia a las actividades impulsadas en el marco del
compromiso presidencial 53 para el 2° Piso de la Transformación en el que al
menos "150 mil mujeres serán reconocidas con derechos agrarios", donde participa
la PA.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

0
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

17
 

33
 

50
 

66
 

82
 

100
 

Indicador 6.1
 

ELEMENTOS DEL INDICADOR
 

Nombre
 

Porcentaje de servicios digitalizados en la PA.
 

Objetivo
 

Fortalecer las capacidades institucionales para contribuir al establecimiento de un gobierno sensible y cercano a la gente.
 

Definición o
descripción
 

Mide el porcentaje de servicios digitalizados que ofrece la PA a los sujetos agrarios, respecto del total de servicios simplificados.
 

Derecho asociado
 

Derecho a una atención oportuna del Estado de acuerdo con el Artículo 8o segundo párrafo de la CPEUM y Artículo 8 fracciones I y II
de la LGMR.
 

Derecho de acceso expedito a trámites y servicio de acuerdo con el Artículo 8 fracciones V y VI de la LGMR.
 

Derecho a la eliminación de prácticas de corrupción de acuerdo con el Artículo 2 fracción II de la LGSNA y Artículo 19 de la LGRA.
 

Nivel de
desagregación
 

Institucional
 

Periodicidad o
frecuencia de
medición
 

Anual
 

Acumulado o
periódico
 

Acumulado
 

Disponibilidad de la
información
 

Enero del año siguiente
 

Unidad de medida
 

Porcentaje
 

Periodo de
recolección de los
datos
 

Enero-diciembre
 

Tendencia esperada
 

Ascendente
 

Unidad responsable
de reportar el
avance
 

Dirección General de Tecnologías de la Información
y Comunicación (DGTIC) - PA
 

Método de cálculo
 

PSDPA = (SDPA / SPDPA) * 100
 

Donde:
 

SDPA = Número de servicios digitalizados en la PA en el sexenio.
 

PSDPA = Porcentaje de trámites y servicios digitalizados en la PA.
 

SPDPA = Número de servicios programados para digitalizar de la PA en el sexenio.
 

Observaciones
 

Este indicador refleja la capacidad institucional para poner a disposición de la ciudadanía, los servicios de la Institución mediante las
herramientas tecnológicas e Internet, en congruencia con el compromiso presidencial 17. Digitalización más grande de la historia.
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE
 

Nombre variable 1
 

Número de servicios digitalizados
en la PA en el sexenio.
 

Valor variable
1
 

0
 

Fuente de
información
variable 1
 

Documentos de liberación de
servicios digitalizados
 

Nombre variable 2
 

Número de servicios programados
para digitalizar de la PA en el
sexenio.
 

Valor variable
2
 

13
 

Fuente de
información
variable 2
 

Total de servicios simplificados
de la PA, de conformidad con el
Acuerdo por el que se establecen
acciones de simplificación para
los servicios que se realizan ante
la PA, publicado en el DOF el 19/
05/2025.
 

Sustitución en
método de cálculo
 

(0 / 13) * 100 = 0
 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS
 

Línea base
 

Nota sobre la línea base
 

Valor
 

0
 

Sí bien actualmente la PA cuenta con 13 trámites, de conformidad con el "acuerdo
por el que se establecen acciones de simplificación para los servicios que se realizan
ante la PA, publicado en el DOF el 19/05/2025", de los 36 servicios existentes, previo
al proceso de simplificación, ninguno se encontraba digitalizado.
 

Año
 

2024
 

Meta 2030
 

Nota sobre la meta 2030
 

100%
 

El 100% corresponde a la digitalización del total de 13 servicios que ofrece la PA a
partir de 2025, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen acciones de
simplificación para los servicios que se realizan ante la PA, publicado en el DOF el
19/05/2025.
 

SERIE HISTÓRICA DEL INDICADOR
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 

2023
 

2024
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

NA
 

0
 

METAS
 

2025
 

2026
 

2027
 

2028
 

2029
 

2030
 

15
 

31
 

54
 

69
 

85
 

100
 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera.- Rúbrica.

1     DOF. (2025) Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf.

2     DOF. (2025) Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025 - 2030. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5767022&fecha=01/09/2025#gsc.tab=0.

3     Sheinbaum, C. (2024). 100 pasos para la transformación. Disponible en: https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/pkenu2d3z0v9v27fr73p7cce_CSP100.pdf.

4     (2024). Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana. Disponible en: https://www.anec.org.mx/acuerdo-nacional-para-una-republica-rural-justa-y-soberana-2/.

5     Lona, J. M. (1974). La cuestión agraria en la Independencia. Universidad Autónoma de Querétaro. Disponible en: https://ri-ng.uaq.mx/bitstream/123456789/9597/1/Juan%20Manuel%20Lona%20Amaro%20H63924.pdf.

6     UNAM. (2004). Obras de Miguel León-Portilla (Tomo II. En torno a la historia de Mesoamérica). Disponible en: https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_leon_portilla/434/434_04_01_evolucioncultural.pdf.

7     de Gori, E. (2020) AMLO y las cuatro transformaciones de México. Disponible en: https://www.celag.org/wp-content/uploads/2020/09/amlo-y-las-4-transformaciones-de-mexico.pdf.

8     León-Portilla, M. (2011) Independencia, Reforma, Revolución, ¿y los indios qué?.

9     Bonfil, G. (1989). México profundo. Una civilización negada. Disponible en: https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofias_pueblos_originarios/Mexico_profundo-Guillermo_Bonfil.pdf.

10    Márquez, Daniel. (2007). El Proceso Constituyente Mexicano. A 150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2389/21.pdf.

11    de Gori, Op. Cit.

12    León-Portilla, Op. Cit., p. 20.

13    Ibid., pp. 74-75.

14    López Bárcenas, F. (2016). Los pueblos indígenas en las constituciones de México.

15    Pedrero Nieto, G. (2007). La desamortización y nacionalización de los bienes de la iglesia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Disponible en: https://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf/article/view/232.

16    De Gori, Op. Cit., p.3.

17    Suárez Carrera, V. (2016) La segunda revalorización del campesinado en México: de pobres y población redundante a sujetos productivos y de derechos.

18    Ibid.

19    Ibid.

20    Ibid.

21    Hernández, L. y Concheiro, L. (2016) Artículo 27. Y venimos a contradecir ... después de un siglo. Cien años de la Constitución mexicana de 1917. Argumentos. Disponible en: https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/65/64.

22    Suárez Carrera, Op. Cit., p. 23.

23    Ibid., p. 25.

24    Ibid.

25    De Sousa Santos, B. (2009) Una epistemología del Sur. Disponible en: https://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/De-Sousa-Santos-Boaventura-Epistemologias-Del-Sur-Completo.pdf.

26    Bonfil Batalla, Op. Cit.

27    Definición de sujetos agrarios establecida en el Reglamento Interior de la PA: los ejidos y comunidades; las personas ejidatarias, comuneras y posesionarias y sus sucesoras; pequeñas propietarias, avecindadas, jornaleras agrícolas, colonas, poseedoras de terrenos baldíos o nacionales y campesinas en general.

28    Hernández, L. y Concheiro, L., Op. Cit.

29    Suárez Carrera, Op. Cit.

30    Sheinbaum, Op. Cit.

31    Encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o abusos de las autoridades.

32    Sheinbaum, C. (2024) 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Transformación. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/964733/100_compromisos.pdf.

33    Ibid.

34    SHCP. (2015 - 2025) Presupuesto de Egresos de la Federación.

35    SEDATU. (2025). Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2025 - 2030.

36    DOF. (2025) Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030. Disponible en; https://www.dof.gob.mx/2025/PRESREP/PND%202025-2030.pdf

37    Diagnóstico elaborado por la PA a finales de 2024 dirigido a los Núcleos Agrarios.

38    RAN. (2024). Sujetos Agrarios que han depositado su lista de sucesión. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero.

39    Con base en registros internos de la DGJRA de la PA.

40    Con base en registros internos de la DGCSP de la PA.

41    RAN. (2024). Sujetos de Núcleos Agrarios Certificados y no Certificados. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero.

42    RAN. (2024) Integrantes de Órganos de Representación de Núcleos Agrarios inscritos en SIMCR. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/estadistica-con-perspectiva-de-genero.